El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, ha dictado este lunes dos instrucciones para permitir que los progenitores nacionales de terceros países de menores ciudadanos de la Unión Europea, incluidos españoles, puedan obtener una tarjeta de residencia.
El objetivo es «garantizar un entorno estable para el desarrollo del menor», según informa el Ministerio en un comunicado. Además, con esta medida da respuesta a una demanda de múltiples colectivos e instituciones, como el Defensor del Pueblo.
De esta forma, se «aporta seguridad jurídica» a dos colectivos que, hasta el momento, se veían expuestos a una situación de irregularidad sobrevenida si no cumplían con los requisitos exigidos a la hora de renovar su autorización de residencia.
Entre estos requisitos, destacaba la necesidad de justificar tanto para sí mismo como para los miembros de su familia la tenencia de un seguro de enfermedad y de acreditar recursos suficientes que garantizasen que su estancia no iba a suponer carga económica alguna para el Estado.
Si bien, a partir de ahora, la concesión o la prórroga de la tarjeta de residencia deja de estar condicionada a los criterios sobre la procedencia de sus recursos económicos, según precisa el Ministerio.
En concreto, aquellos progenitores nacionales de terceros países de menores ciudadanos de la Unión que no cumplan con los requisitos exigidos podrán acogerse a la figura del arraigo familiar y acceder a la prórroga de dicha autorización, tal y como marcan tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Supremo.
En segundo lugar, cuando se trate de un progenitor nacional de un tercer país de un menor de nacionalidad española, accederán igualmente a la autorización de residencia. Asimismo, la instrucción determina que la concesión o denegación de dicha autorización no podrá en ningún caso basarse en criterios automáticos.
