El PSOE cree que la ocupación no es un «gran problema» en España y se abstiene, al igual que Vox, aunque por otras razones
El PRC ha unido este lunes sus votos a PP y Cs para aprobar una iniciativa parlamentaria en la que se pide al Gobierno central una Ley Antiokupas y una modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Civil que permita a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad llevar a cabo desalojos «inmediatos» en casos de ocupación ilegal de viviendas.
Esta iniciativa ha partido de los regionalistas, que pedían en su proposición no de ley una cambio en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Civil al considerar que estaban «obsoletas» y no daban solución al problema de la ocupación y debían adaptarse a la realidad actual de este fenómenos.
Esta PNL se ha visto completada por una enmienda de adición de Cs, que instaba al Gobierno central a impulsar «de manera urgente» en las Cortes una Ley Antiokupas que permita terminar con la actual situación de ocupación ilegal de viviendas y locales y que «fortalezca» también la asistencia habitacional de personas en situación de vulnerabilidad respetando las competencias autonómicas.
La enmienda de Cs ha sido aceptada por el PRC al considerar que «complementa» su petición.
Esta iniciativa ha contado con la abstención de PSOE y Vox, aunque por motivos bien distintos, casi opuestos. Y que mientras el PSOE considera que la ocupación ilegal de viviendas «no es un gran problema» de España y «no se ha disparado» –como sí creen otros partidos–, y por tanto no ve necesario realizar los cambios normativos que se reclaman, Vox cree que las modificaciones legislativas que se plantean no son suficientes para atajar el problema.
Así, además de un «agravamiento» de las penas para los okupas que no solo sean una «pequeña multa» económica como ahora, cree que lo que hace falta para hacer frente al problema es cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no la Civil, para que los delitos vinculados con la ocupación, como el allanamiento o la usurpación, sean considerados «delito flagrante» con lo que se pueda intervenir y actuar contra los okupas en cualquier momento, llevando a cabo su desalojo.
RUPTURA DE SINTONÍA DE VOTO PRC-PSOE
Esta iniciativa ha roto la habitual sintonía de voto entre los dos socios del Gobierno de Cantabria, PRC y PSOE, que, en este caso, tienen «perspectivas diferentes» en este tema, tal y como ha reconocido la diputada socialista Yolanda Algorri.
Aunque la socialista ha tildado de «inaceptable» la ocupación ilegal de viviendas, ha criticado que algunos partidos quieran convertirlo en el «problema del año», cuando, a su juicio, no lo es, y ha ironizado con el «interés desmedido» que «de pronto» parece haber suscitado el ‘fenómeno okupa’ cuando existe desde los años 70 del pasado siglo.
La socialista ha afirmado, en contra de lo que sostienen algunos partidos, la ocupación «no se ha disparado» y no es un «gran problema» de España y considera que pretender converirlo en el «problema del año», y más con «la que está cayendo» con el COVID-19 «no le parece lo más apropiado».
Por ello, se cuestiona sobre la necesidad de realizar ya las modificaciones legislativas planteadas en la iniciativa y considera más adecuado «esperar un poco» para analizar si instrucciones como las realizadas recientemente por la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Estado de Seguridad para agilizar los desalojos de viviendas ocupadas da resultado.
Además, ha recordado que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha descartado «modificaciones futuras».
La socialista ha opinado que se trata de un asunto, el de la ocupación ilegal de viviendas, de un asunto que debe abordarse con el «sosiego necesario» y no por «intereses partidistas».
Además, ha reconocido que detrás de las ocupaciones hay mafias interesadas pero –ha dicho– «también hay familias que el sistema ha expulsado», «víctimas de la crisis financiera de 2008 que ahora ven «agudizada» su situación por la pandemia, lo mismo que también hay, según ha dicho, «fondos buitre que especulan con las carencias de miles de españoles».
«Contra las mafias hay que aplicar todo el peso del Código Penal, y el grupo socialista, considera que el Derecho debe dar respuesta rápida y contudente en los casos en los que las personas se vean privados de sus bienes, de su morada y de sus inmuebles. Pero para los expulsados del sistema, víctimas de la crisis financiera de 2008 y ahora agudizada por la pandemia, debemos buscar entre todoss puentes, como el Salario Vital y otras medidas de carácter social, en lugar de intentar cambios innecesarios del Código Penal para distraer a la ciudadanía de los verdaderos problemas al albur de intereses partidistas», ha dicho Algorri.
‘BRONCA’ DEL PP AL PSOE
Estas últimas declaraciones le han valido una importante ‘bronca’ del portavoz del grupo popular, Íñigo Fernández, quien ha instado a la diputada a «meter en su casa» –la de ella– a los «expulsados del sistema» de los que habla.
Fernández ha afirmado que, con sus palabras, Algorri, más que diputada regional del PSOE, ha parecido «portavoz de Podemos» y del vicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias.
Para el ‘popular’ resulta «espeluznante» ver «la deriva del PSOE» hacia posiciones que, a su juicio, no tienen nada que ver con la socialdemocracia europea, sino con «la izquierda radical de países caribeños» y ha acusado a los socialistas de «entregarse en brazos de Podemos».
Precisamente a ello ha atribuido el hecho de que el problema de la ocupación ilegal de viviendas, algo antes «puntual», se haya «ido de las manos».
