El Gobierno central, comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla avanzan hacia una «coordinación total» en la protección de personas con trastorno del juego y de sus familias.
Para ello, el Consejo de Políticas del Juego, que preside el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha aprobado este lunes la propuesta para trabajar en la interconexión de los registros de prohibidos estatal y autonómicos con la finalidad de proteger a miles de personas y familias frente a los problemas del juego.
El acuerdo ha contado con el apoyo de todas las CCAA, a excepción del voto en contra de Cataluña y las abstenciones de País Vasco y Comunidad Valenciana, según ha informado el Ministerio.
Cuando una persona detecta su adicción al juego, una de las medidas de protección que existen en España es la inscripción en un registro de autoprohibidos, que le impide el acceso a esta actividad. Al darse de alta, la administración y las empresas impiden el acceso a salas o portales online donde se puede apostar.
En esta base de datos se pueden inscribir voluntariamente aquellas personas que quieren protegerse a sí mismas y a sus familias de los efectos devastadores de una acción compulsiva.
Actualmente existe un registro de carácter estatal y cada comunidad autónoma posee uno propio. El registro estatal -que depende del Ministerio de Consumo– impide el acceso al juego online, mientras que si una persona se inscribe en el de su comunidad, verá restringida su capacidad de jugar en aquellos establecimientos físicos de juego regulados por las comunidades autónomas.
Estos registros no están conectados actualmente, a excepción de Castilla – La Mancha que sí ha avanzado en la interconexión, lo que supone que la protección que ofrecen «presente vacíos e inconsistencias importantes».
Así, una persona que se haya inscrito en el registro del Ministerio de Consumo no podrá acceder a portales de juego online, que son de competencia estatal, pero sí a establecimientos físicos de juego, que son competencia autonómica, salvo que su normativa lo impida. De igual forma, una persona que se haya inscrito en el registro de su comunidad autónoma no podrá acceder a un establecimiento de juego en su región, pero sí podrá hacerlo en otra.
El objetivo del Ministerio de Consumo es que la inscripción se extienda a todos los registros «como forma de potenciar la protección institucional a las personas y familias que más lo necesitan».
A efectos de protección, los registros de interdicciones funcionarán como una única base de datos. La coordinación se realizará mediante una agenda de «estrecha colaboración» entre el Ministerio de Consumo y las comunidades autónomas, que tendrán hasta enero del 2021 para encontrar la mejor fórmula de conexión. Para que todos los registros queden interconectados, el Gobierno de España firmará convenios con las CCAA a lo largo del próximo año.
FACILITAR LA VIDA A LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha dicho que simplificar los trámites de autoprohibición «facilitará la vida a muchas familias abrumadas por el problema de la ludopatía, sobre todo a las más vulnerables». Ponemos por delante a las personas y garantizamos su salud y protección, simplificando las trabas burocráticas», ha señalado Garzón.
Para Garzón, personas sin recursos, con limitaciones de acceso a la tecnología, en zonas rurales o con dificultades de desplazamiento «estarán favorecidas por la interconexión.
El registro estatal, que no incluye los listados de las CCAA y que solo tiene capacidad para restringir el acceso al juego online, tiene actualmente 54.294 inscritos. En 2019, se inscribieron 9.143 nuevas personas, un 43% más que en 2018.
Asimismo, el Ministerio ha destacado que el porcentaje de menores de 25 años inscritos se ha disparado en los últimos años: en 2012 representaban el 11% del total de inscritos y en 2019 ascienden al 22%.
