El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, José Manuel Ramírez, ha denunciado que desde que empezó la pandemia del Covid-19 la lista de espera de la dependencia se ha reducido en 35.000 personas pero no porque se las haya atendido sino porque han fallecido.
«Desde que empezó el COVID-19 se ha reducido en 35.000 personas la lista de espera de atención a la dependencia porque se han muerto. La reducción de la lista de espera está en los cementerios», ha exclamado José Manuel Ramírez.
Así lo ha indicado este lunes 21 de septiembre durante la jornada virtual ‘Consecuencias del Covid-19 en las personas con la enfermedad de Alzheimer y sus familiares cuidadores’, organizada por la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer (CEAFA) con motivo del Día Mundial del Alzheimer.
Ramírez ha criticado los «recortes inmisericordes» que se han hecho desde el año 2012 y ha culpado a todos los gobiernos desde entonces, también al actual porque, según ha advertido, no ha destinado a dependencia lo que la ley dice que debe aportar: «1.500 millones de euros». En este sentido, ha apelado al ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias.
«El vicepresidente de Derechos Sociales tiene que poner dinero al sistema de atención a la dependencia», ha exigido Ramírez, al tiempo que ha añadido que no se puede esperar a los Presupuestos Generales del Estado porque entre las «peleas«, los políticos «tienen como rehenes a los más vulnerables».
Según ha precisado, 32.035 personas fallecieron sin haber salido de la lista de espera en los primeros seis meses del año. «¿Cómo podemos soportarlo. Y el Ministerio de Derechos Sociales no ha incrementado ni un solo euro«, ha insistido.
A su juicio, en el tema de la dependencia, en España hay «unos gobernantes insumisos, que no cumplen la ley». «Tenemos unos gobernantes sin alma que desde hace tiempo entienden que esta ley se la pueden saltar a la torera», ha criticado.
Ramírez ha lamentado que en medio de la crisis social del COVID-19 «se ha recortado en servicios sociales», algo que ha calificado de «inmoralidad«. Por ejemplo, ha indicado que la atención residencial ha disminuido un 9%, que hay unas 4.200 personas menos atendidas en domicilio o 5.000 plazas menos en centros de día, lo que ha provocado que se pierdan más de 11.000 puestos de trabajo.
Por otro lado, ha denunciado el cierre de 15.000 plazas en residencias de personas que han fallecido. «En lugar de dar esa cama a los 100.000 grandes dependientes, no se las han dado, se ha cerrado la puerta», ha declarado.
Igualmente, ha avisado de que se está avanzando hacia «un sistema low cost de la dependencia» con un incremento de las prestaciones bajas, con casi 6.000 millones de euros menos, que se han dejado de invertir desde 2012. Finalmente, ha animado a las cuidadoras de personas con Alzheimer, en un 90% mujeres, a las que ha definido como unas «luchadoras».
