El Gobierno de Estado Unidos ha boicoteado el acuerdo entre el Vaticano y China para definir una hoja de ruta en la cuestión de la designación de obispos, uno de los temas más espinosos que dificultan el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos Estados rotas desde hace casi 70 años, cuando se cumplen dos años de la firma y en vísperas de su renovación.
«Hace dos años la Santa Sede concordaba un acuerdo con el Partido Comunista China con la esperanza de ayudar a los católicos chinos. Pero el abuso del Partido comunista china ha solo empeorado la situación de los fieles. El Vaticano pondría en peligro su autoridad moral si renovase el acuerdo», ha advertido el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, en uno de los mensajes que ha publicado en la red social de Twitter.
En otro mensaje, Pompeo ha mencionado a los opositores políticos de Hong Kong Martin Lee y Jilly Lai, de los que ha denunciado que han sido «arrestados y espiados» por Pekín por haber cometido «el ‘crimen’ de promover la libertad».
Para algunos expertos, las protestas de Hong Kong han influenciado las negociaciones para renovar el acuerdo que ha permitido un primer acercamiento entre ambos países desde que el régimen comunista expulsara al nuncio apostólico en 1949 y China permitiese solo el culto católico por medio de la Asociación Patriótica.
Algunos incluso apuntan a que el hecho de que el Papa no pronunciase el discurso que tenía prevista para el pasado 9 de julio que incluía su preocupación por la situación Hong Kong es clave. Sin embargo, para el padre Sergio Ticozzi, un misionero del Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras (PIME) que reside en Hong Kong desde hace más de cinco décadas, ver una estrategia deliberada en este gesto no es tan fácil.
¿Por qué el Vaticano permitió que los periodistas acreditados tuvieran acceso al texto bajo embargo?, ¿fue un despiste o un mensaje implícito?», se pregunta en una conversación con Europa Press. Además, señala que en ningún caso el futuro de la isla excolonia británica, bajo control chino desde 1997, haya sido un argumento de fricción argumentativa: «Pekín quiere manejar sin interferencias la situación en Hong Kong».
Ticozzi asegura que el acuerdo –que según confirmó el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, iba a renovarse con el objetivo de normalizar la vida de la Iglesia «tanto como sea posible»– ha sido poco útil hasta el momento. «Han sido dos años de desilusión para los católicos que están dentro y fuera de China. Había muchas expectativas, pero al final los resultados han sido bien pocos», denuncia el experto.
Además señala que el hecho de que el acuerdo sea secreto y no hayan trascendido los detalles ha fomentado que haya sido instrumentalizado por las autoridades chinas que han «obligado al clero clandestino a someterse al control de la Asociación Patriótica (AP) bajo la justificación de que es lo que quiere el Santo Padre».
Los obispos legítimos que permanecen fieles al Papa viven en China una situación cercana a la clandestinidad, permanentemente asediados por las autoridades comunistas. Antes del acuerdo, para que un obispo fuera reconocido por el gobierno chino debía ser miembro de la asociación patriótica, y muchos obispos nombrados por el Vaticano que no son reconocidos o aprobados por el gobierno chino habían sido perseguidos.
A su juicio, para que la renovación del acuerdo sea efectiva deben abordarse numerosos temas antes. «En primer lugar ver si China otorga de verdad al Santo Padre la última autoridad para nombrar a los obispos. Luego están los obispos clandestinos, a quienes se les insta a unirse a la Autoridad Patriótica. Hay ambién un problema que resolver en cuanto a la formación de la Conferencia Episcopal y especificar en su caso el papel de la Autoridad Patriótica. También está el gran problema de las fronteras de las diócesis ya que las autoridades chinas con las recientes subdivisiones administrativas han perturbado enormemente la geografía eclesiástica. Y por último está el problema de las propiedades eclesiásticas … «,dice Ticozzi.
«Han silenciado al Vaticano ante la política de la ‘chinalización’ de la religión», añade, y señala que en estos dos años no se han eliminado las prácticas de destrucción de cruces y de iglesias, ni tampoco detenciones arbitrarias de obispos y sacerdotes clandestinos. «No suelen dejarlos encerrados mucho tiempo, pero son acciones disuasorias para evitar grandes celebraciones y obligar al clero a inscribirse a la Asociación Patriótica», lamenta el misionero.
El acuerdo firmado en Pekín en septiembre de 2018 y aplicado en octubre entre el subsecretario para las Relaciones de la Santa Sede con los Estados, Monseñor Antoine Camilleri, y el viceministro de asuntos exteriores de la República Popular China, Wang Chao, tiene una vigencia de dos años.
