La ministra para Asuntos Económicos y vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, ha insistido este lunes en que la prolongación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre debe «concentrarse» en los sectores que más lo necesitan, es decir, aquellos que no pueden reabrir, así como en empresas que antes de la pandemia eran «verdaderamente solventes» y ahora se encuentran en una situación transitoria pero con perspectivas de reactivarse en el futuro.
Calviño, en declaraciones a TVE, ha recordado que el mecanismo de los ERTE supone un «importante esfuerzo de solidaridad del conjunto de la población española» y tiene un elevado coste presupuestario, por lo que, de cara al futuro, a partir del 30 de septiembre, debe cubrir a las empresas solventes y a las que más lo necesitan.
«No se trata tanto de una cuestión de sector, sino de concentrar los esfuerzos en las empresas que verdaderamente más lo necesitan. En lugar de cubrir demasiado y no tener un impacto, tratar de centrar el impacto en aquellos sectores que vemos claramente que no pueden reactivarse, que no pueden reabrir», ha precisado.
En todo caso, la vicepresidenta ha subrayado que la negociación con los agentes sociales para prorrogar los ERTE sigue abierta y que el Gobierno tiene una «voluntad total» de llegar a un acuerdo con ellos que garantice «el mejor uso de los recursos públicos». «Yo confío en que haya acuerdo», ha apuntado.
Calviño ha defendido la eficacia de los ERTE para proteger el empleo y ha señalado que cada día se reincorporan al empleo desde este mecanismo unos 4.000 ó 5.000 trabajadores, lo que refleja, en su opinión, la «rapidez» con la que se está reactivando la economía española.
Asimismo, y sobre las acusaciones de la patronal de que desde el Gobierno se está inflando el coste de los ERTE, la vicepresidenta ha negado este extremo y ha afirmado que desde el Gobierno se tiene una «transparencia total» sobre el coste de las distintas medidas que ha ido adoptando durante la pandemia.
Además, ha recordado que cuando el Gobierno español solicitó la activación del SURE envió una estimación a Bruselas sobre el coste de los ERTE hasta septiembre.
«Es un coste necesario, asumido y muy positivo por su impacto sobre el empleo (…) Hemos sido totalmente transparentes en ese sentido, no sólo a nivel nacional, sino también cuando hemos solicitado el apoyo de los instrumentos financieros comunitarios», ha subrayado Calviño.
