La Comisión Europea ha actualizado la lista de sectores a los que se considera «expuestos al riesgo de fuga de carbono» y que pueden recibir ayudas públicas en cada Estado miembro para compensar los mayores costes provocados por emisiones indirectas de gases de efecto invernadero.
En particular, Bruselas ha adoptado este lunes las nuevas directrices sobre ayudas estatales vinculadas al régimen de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) y que se aplicarán a partir del 1 de enero de 2021.
Estas orientaciones buscan reducir el riesgo de que algunas empresas trasladen su producción a países de fuera de la UE y con políticas medioambientales menos ambiciosas (la llamada ‘fuga de carbono’). Para ello, dan permiso a los gobiernos europeos para conceder ayudas a empresas de sectores en los que esto puede ocurrir, compensando a las firmas por los costes indirectos imputables a las emisiones de CO2 que elevan los precios de la electricidad.
En un comunicado, el Ejecutivo comunitario ha explicado que con las nuevas directrices, las ayudas públicas se centrarán «únicamente» en sectores que presentan riesgo de fuga de carbono y que cuentan con una «fuerte exposición» al comercio internacional.
Sobre la base de una metodología «objetiva», contemplan una lista de diez sectores y veinte subsectores a los que se pueden conceder dichas ayudas. En la lista anterior, vigente desde 2012, constaban un total de catorce sectores y siete subsectores.
Además, establecen un porcentaje de compensación «estable» del 75%, frente al 85% del periodo anterior, y excluyen la compensación por tecnologías no eficientes, con el objetivo de mantener los incentivos de las empresas para mejorar la eficiencia energética.
En tercer lugar, las nuevas orientaciones condicionan el acceso a las ayudas compensatorias a la realización de esfuerzos adicionales de descarbonización por parte de las empresas, como el cumplimiento de recomendaciones formuladas en sus auditorías.
Para la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Competencia, Margrethe Vestager, esta revisión de las directrices «permiten a los Estados miembros apoyar a aquellos sectores que corren mayor riesgo de fugas de carbono» y al mismo tiempo «contribuyen a lograr una descarbonización rentable de la economía, evitando una compensación excesiva y falseamientos indebidos de la competencia en el mercado único».
«Para luchar de forma sostenible contra el cambio climático y alcanzar los objetivos del Pacto Verde, tenemos que poner un precio a las emisiones de carbono, evitando al mismo tiempo las fugas de carbono. Las directrices revisadas sobre las ayudas estatales vinculadas al régimen de comercio de derechos de emisión de la UE que hoy se adoptan constituyen un elemento importante de este proyecto», ha apuntado la danesa.
