El Gobierno constata un «importante avance» en la eliminación de las causas de exclusión en el acceso al empleo público, fijado en un acuerdo en noviembre de 2018, lo que beneficiará a más de 7 millones de personas, para garantizar la igualdad de oportunidades en los procesos selectivos de la Administración en 2021.
Según un comunicado del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, se ha constatado el avance en este asunto en el Grupo de Trabajo Interministerial para el seguimiento del acuerdo del Consejo de Ministros de noviembre de 2018 que actualizaba las causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público.
Este acuerdo tiene por objeto eliminar las exclusiones genéricas de los procesos selectivos de posibles aspirantes con enfermedades que no impiden el normal desarrollo de las tareas encomendadas al empleo público.
Con ello desaparecen las barreras para acceder a determinados cuerpos de funcionarios: vigilancia aduanera, instituciones penitenciarias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas.
Asimismo, impone la revisión y la actualización de las restantes causas de exclusión recogidas en los catálogos, de modo que estas actualizaciones se puedan aplicar a todas las convocatorias que deriven de la Oferta de Empleo Público de 2021.
Realizadas las actualizaciones correspondientes hasta la fecha, el Grupo de Trabajo ha abordado los trabajos a realizar de modo que en 2021 todas las convocatorias de empleo público estén adaptadas al acuerdo.
A la reunión del grupo de trabajo, presidida por el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola, han asistido los subsecretarios de los departamentos implicados -Presidencia, Sanidad, Hacienda, Interior y Defensa-, además del secretario general de Función Pública, Javier Rueda, y la directora general de Función Pública, Isabel Borrel.
Los representantes de los distintos departamentos ministeriales presentes en el Grupo de Trabajo han confirmado el «balance positivo» de la aplicación del acuerdo y han abordado el procedimiento y los plazos a seguir para acometer las revisiones de las convocatorias que quedan pendientes.
A partir de este momento comienzan los trabajos de carácter eminentemente técnico que, bajo criterios médico-científicos, revisarán los catálogos de exclusiones, de manera que el mero diagnóstico de una enfermedad no sea causa genérica de exclusión, sino que habrá que tener en cuenta, además de los avances médicos y la evidencia científica, la situación clínica de cada paciente y no solo su diagnóstico.
De este modo, «se da un espaldarazo definitivo a la integración y al reconocimiento de la dignidad de las personas con enfermedades no invalidantes para el desempeño de un empleo público», subraya el Ministerio.
