La organización medioambiental SEO/Birdlife ha puesto en valor la actuación judicial frente a lo delitos ambientales y que, a su juicio, ha llevado a cabo importante investigaciones, en su mayoría relacionadas con el urbanismo, los incendios o el maltrato animal.
Tal y como ha recordado la organización en un comunicado, en la Memoria del Ministerio Fiscal de 2019 se recoge que, en dicho año, fueron incoados 4.910 procedimientos judiciales relacionados con el medio ambiente, a pesar de lo que, lamenta SEO/Birdlife, no hubo ninguna mención a este sector en los discursos de las autoridades durante la apertura del Año del Año Judicial 2020.
En concreto, durante el año 2019 fueron incoadas 4.910 procedimientos judiciales: 632 en delitos contra el medio ambiente, 984 en urbanismo y ordenación del territorio, 222 corresponden a patrimonio histórico, 953 a delitos contra la flora y fauna, 1.029 a incendios forestales y 1.090 a malos tratos a animales domésticos. Todo ello con un aumento del 11% con respecto a 2018 en las condenas por este tipo de delitos.
Algunas de las materias que destacan en 2019, explica la organización, son consecuencia de la proliferación de construcciones para la realización de eventos sociales en espacios naturales protegidos o las muertes de linces ibéricos en vías de transporte y comunicación.
UNA CUESTIÓN QUE PREOCUPA
Desde SEO/BirdLife, reconocen el trabajo desarrollado para detener los crímenes contra el medio ambiente y consideran «fundamental» que la sociedad lo conozca.
Según un informe de la ONG, realizado en el marco del proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza para conocer la percepción social sobre los delitos contra el medio ambiente, «es una cuestión que preocupa ampliamente a la sociedad, con un 64,33% de las personas que considera que los delitos medioambientales son igual de importantes que el resto de delitos incluidos en el Código Penal».
Además, apunta, «el 83,33% de los entrevistados considera que la sociedad (gobierno/administración) no le da suficiente importancia a los problemas ambientales».
La directora ejecutiva de SEO/Birdlife, Asunción Ruiz, ha recordado que «todos los ciudadanos tienen el derecho reconocido en la Constitución a disfrutar de un medio ambiente adecuado y también tienen el deber de conservarlo». De ahí, señala, viene la importancia del «papel de los órganos judiciales y los profesionales del derecho».
«Es esencial para garantizar el cumplimiento de un marco normativo eficaz para detener la perdida de especies y de hábitats y garantizar un planeta seguro y sostenible», ha apuntado.
