Las nueve asociaciones ecologistas representadas en el Consejo Extremeño de Caza han solicitado, entre otras cuestiones, la suspensión durante dos temporadas de la media veda en la comunidad autónoma, así como que no se permita la actividad cinegética en las zonas afectadas por incendios forestales.
Estas asociaciones Adenex, AMUS, ANSER, DEMA, Ecologistas en Acción, Grus, SEO/Birdlife y la Sociedad Extremeña de Zoología, quienes tras la reunión del consejo de este pasado jueves han solicitado la suspensión de la media veda para las próximas dos temporadas, que se acabe con la práctica extendida de incluir fincas en los cotos sin autorización y/o conocimiento de sus propietarios.
También han pedido que se permita acceder a ciudadanos y asociaciones interesadas a las ayudas que se dan para la recuperación de tórtola, codorniz, perdiz y conejo, en la actualidad se quejan de que sólo pueden solicitarlo los cotos y los resultados no son nada positivos.
También, tras los graves incendios de este verano en el norte de Cáceres, han pedido que no se cace en las zonas incendiadas. En concreto, sobre esta cuestión, piden que sean declaradas zonas con prohibición temporal para cazar, para evitar con ello las quemas intencionadas con la intención de facilitar la actividad cinegética.
Una propuesta que encontró la oposición del sector de la caza, si bien los responsables administrativos reconocieron que en otras autonomías se ha legislado en el sentido planteado por el representante de las ONG ambientales, indican en una nota de prensa.
Señalaron también los ecologistas, que quizás por las necesidades de la vigilancia contra incendios, o por causas que se les escapan, lo cierto es que han detectado una «muy escasa vigilancia» de agentes del medio natural en la media veda, para la cual han pedido una «mayor intensidad» en este sentido si perseveran en seguir cazando en este periodo, aunque confían que el ejecutivo recapacite y se suspenda la media veda al menos dos años.
En la reunión del consejo se abordó la situación de al menos dos especies cuyo estatus poblacional es «muy preocupante». Por un lado, la codorniz (con una reducción poblacional según estudios científicos rigurosos de un 61%) y la tórtola europea, que países tan importantes como Francia han prohibido su caza.
El representante de los ecologistas, pidió en base a un dictamen del comité científico del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), que propuso catalogarla como especie «Vulnerable», que se prohíba su caza y haya una moratoria de al menos dos años para la media veda que fue creada para poder cazar estas dos especies migratorias.
El sector cinegético y la Junta pretenden cumplir con la obligación europea de conservar la tórtola «bajando unos pocos días hábiles de caza y el cupo de aves abatidas», en concreto de 7 a 5 por cazador y día, en lugar de atender a las demandas de las ONGs sobre moratoria temporal de varios años, como se acaba de aprobar en Francia.
Se planteó igualmente que la gestión de estas especies, como amenazadas, y como integrantes de la naturaleza que son, deben depender del Servicio de Conservación de la Naturaleza de la Junta, y no de los relacionados con la caza, que «no tiene competencias en conservación».
Las ONG ambientales creen además que sus asociaciones y ciudadanos particulares deberían poder participar en proyectos de conservación de las especies de caza menor en regresión que sufren la presión de la caza, en la misma medida que las entidades cinegéticas, cuyo interés «no es el de la conservación del medioambiente de una forma correcta, sino fundamentalmente incrementar las poblaciones para ser cazadas, aunque con resultados muy malos sobre todo en especies de caza menor», cuyas poblaciones no dejan de descender.
Otra cuestión abordada fue la petición de las ongs respecto a que se impida que fincas privadas estén incluidas en cotos de la sociedades locales de cazadores sin permiso de sus propietarios.
Aunque los representantes públicos argumentaron que se informa a los propietarios de dicha inclusión, al menos en los tablones de anuncios de los ayuntamientos, lo que las organizaciones ecologistas «ponen en duda» y en todo caso les parece «insuficiente», así como «el colmo que además la administración cobre una tasa a los propietarios que desean que no se cace en su finca privada de un coto y permaneciendo además dentro del coto».
En opinión de los ecologistas, en todo caso debería ser al contrario, deberían pagar los cazadores para incluir -solo con la autorización por escrito de los propietarios- una propiedad privada en un coto «social» (porque solo es social para su sociedad de cazadores, no para la sociedad de toda la ciudadanía, la cual mayoritariamente no participa de la caza).
Las asociaciones conservacionistas expresaron su malestar ante la «nula» atención a sus peticiones en pasadas reuniones del Consejo Extremeño de Caza y espera se atiendan mejor las planteadas en esta ocasión, consideran que su representación es demasiado escasa de 24 participantes solo uno lo es de las ONG ambientales, pese a la importante repercusión de la actividad cinegética en el medio ambiente.
