Compromís ha registrado en el Senado la petición de comparecencia del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, a raíz del recurso de inconstitucionalidad al decreto de la Generalitat Valenciana que adapta la renta valenciana de inclusión al nuevo ingreso mínimo vital (IMV) por una supuesta invasión de competencias.
La coalición valenciana quiere que retire este recurso porque «la Generalitat es quien ostenta las competencias en materia de políticas sociales, de forma que quien invade en competencias impropias es el Gobierno», denuncia el senador Carles Mulet en un comunicado.
Esta medida «afectaría a los escalones más débiles de la pobreza, nueve mujeres de cada diez personas». Por contra, Compromís defiende la colaboración mostrada por la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, en el proceso de creación del ingreso y «sobre todo, para que el IMV y la renta valenciana de inclusión sean herramientas de verdadera lucha contra la pobreza».
La Generalitat complementó prestaciones como el seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI) o las prestaciones por incapacidad, algo que «el Gobierno entiende de su única competencia». La coalición también cree que gestiona «con eficacia demostrada» la renta valenciana de inclusión.
«El gobierno más progresista de la historia (perdonen la ironía) continua con las políticas que atentan contra la propia esencia del Estado autonómico, con la especial equina hacia el autogobierno valenciano, interponiendo todo tipo de recursos de inconstitucionalidad a la legislación más progresista del Estado», critica el senador de Castellón.
A su juicio, el recurso del Gobierno supone que se ataquen unas prestaciones muy bajas y feminizadas, cuando «no es inconstitucional que la Generalitat complemente esas ayudas. «Un gobierno progresista no debe llevar al Tribunal Constitucional una medida de lucha contra la feminización del empobrecimiento estructural».
Compromís ya pidió la comparecencia de Escrivá por la «discriminación» hacia la Comunitat respecto a Euskadi y Navarra en la gestión del IMV: «Meses después, los beneficiarios del ingreso mínimo son bien pocos y han demostrado su limitada capacidad de gestión, de no permitir su gestión a CCAA con un alto nivel de implicación con la situación de la ciudadanía, mientras que son muy eficientes en presentar recursos contra quienes intentan mejorar la situación de los más pobres y vulnerables o en permitir a otros lo que prohíben a los valencianos».
