La Comisión Europea ha hecho este viernes un llamamiento para que los países del bloque sean capaces de identificar las «mejores prácticas» y alcanzar un «enfoque común» para desplegar «de una manera oportuna» redes fijas y móviles de muy alta capacidad, incluidas las de 5G, antes del 30 de marzo de 2021
Es la principal conclusión del documento de recomendaciones que Bruselas ha desvelado como parte de su estrategia para impulsar la digitalización de la UE. En el texto, el Ejecutivo comunitario insta a todos los Estados miembros a impulsar la inversión en infraestructuras de conectividad y en especial de 5G, un «pilar esencial» para la recuperación económica.
En una rueda de prensa, la vicepresidenta de la Comisión responsable de Agenda Digital, Margrethe Vestager, ha recordado que la crisis «ha puesto de manifiesto la importancia del acceso a Internet de muy alta velocidad para empresas, servicios públicos y ciudadanos, y también de acelerar el ritmo hacia la 5G». «Por tanto, debemos colaborar para lograr un rápido despliegue de las redes, sin más retrasos», ha insistido.
En concreto, el Ejecutivo comunitario ha planteado un proceso de dos fases: en primer lugar, ha instado a los países a identificar y compartir las mejores prácticas en este campo como muy tarde el 20 de diciembre de 2020. Posteriormente, les da hasta el 30 de marzo de 2021 para ponerse de acuerdo sobre una lista conjunta de dichas mejores prácticas.
Ese «enfoque común» que Bruselas ha pedido a las capitales debe incluir medidas para reducir el coste y aumentar la velocidad del despliegue de redes de muy alta capacidad, facilitar un acceso adecuado al espectro radioeléctrico para el 5G, fomentar las inversiones de los operadores y establecer una mayor coordinación transfronteriza para las asignaciones.
La recomendación de Bruselas también invita a los socios comunitarios a estudiar medidas para reducir los costes de banda ancha. En este capítulo, el texto sugiere a las capitales que compartan las mejores prácticas para desarrollar procedimientos de concesión de licencias más sencillos y transparentes para obras públicas y también para mejorar la transparencia en infraestructuras físicas actuales.
Del mismo modo, aboga por ampliar los derechos de acceso de los operadores de red a la infraestructura existente controlada por organismos públicos con el objetivo de instalar elementos para el despliegue de redes y mejorar la eficacia del mecanismo de resolución de disputas sobre el acceso a infraestructura.
8.000 MILLONES PARA LA SUPERCOMPUTACIÓN
Por otro lado, la Comisión Europea ha presentado un reglamento para actualizar y reforzar la Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea (EuroHPC), la agrupación público-privada creada para que Europa avance en el campo de la supercomputación y la computación cuántica.
El objetivo de esta nueva normativa es desbloquear unas inversiones que alcancen los 8.000 millones de euros en el periodo entre 2021 y 2023. Casi la mitad (3.500 millones) correrían a cargo del presupuesto comunitario, mientras que los países asociados pondrían entre todos una cantidad idéntica y el sector privado unos 1.000 millones.
El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, ha subrayado que la supercomputación «está en la vanguardia» de la «soberanía digital» del bloque. Y que «mantenerse en la carrera tecnológica internacional es una prioridad. El francés ha resumido que el objetivo de Bruselas es «alcanzar rápidamente el siguiente estándar de computación con ordenadores exaescala y también integrar aceleradores cuánticos para desarrollar máquinas híbridas y posicionar cuanto antes a Europa en esta tecnología disruptiva».
Bruselas está convencida de que la supercomputación «jugará un papel fundamental» en la recuperación y ha sido identificada como una prioridad «estratégica» para el bloque. Las autoridades comunitarias creen que también servirá para «afianzar la estrategia digital en su totalidad», desde los macrodatos y la inteligencia artificial hasta las tecnologías en la nube y la ciberseguridad».
La Empresa Común EuroHPC fue creada en 2018 y sus inversiones públicas ascienden hasta ahora hasta los 1.100 millones de euros. Con esta financiación, está previsto que a principios de 2021 instale tres sistemas de preexaescala (capaces de realizar como mínimo 1.017 cálculos por segundo) y cinco sistemas de petaescala (al menos 1.015 cálculos por minuto).
