Un total de 58 colectivos y más de 500 firmas personales de todas las capitales andaluzas, y también del resto del país, se han sumado al comunicado emitido el pasado 1 de septiembre apoyando las demandas de las trabajadoras sexuales, «a quienes el Ministerio de Igualdad ha dejado atrás en la crisis del coronavirus».
Según informa en una nota, las organizaciones y personas firmantes reclaman que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) establecido por el Ministerio de Igualdad en abril de 2020 llegue a este colectivo de especial vulnerabilidad, «mujeres que dependen económicamente de su trabajo y que han visto cómo las medidas higienistas promovidas por el Gobierno han cortado de raíz su modo de subsistencia».
Piden también al Ministerio de Igualdad que se siente y escuche a las trabajadoras sexuales y sus organizaciones, tratando de ver soluciones a sus demandas, entre las que se incluyen el acceso a una vivienda «porque el cierre de los clubs de alterne ha dejado en la calle a muchas mujeres, que tenían en estos locales su residencia».
Asimismo, cuestionan los discursos y argumentos «estigmatizadores» contra las trabajadoras sexuales que, aprovechando la crisis provocada por el coronavirus, «reactivan una y otra vez las políticas de control, las acusaciones que las culpan de incrementar los contagios o que las victimiza, prescindiendo de su autonomía y negando su capacidad de agencia, al considerar que siempre y en todos los casos, el ejercicio de la prostitución es forzado».
Aseguran que son muchos los colectivos y personas particulares pro derechos que se han hecho eco de sus demandas, adhiriéndose al manifiesto publicado el pasado 1 de septiembre, colectivos sociales feministas, pro derechos humanos, a favor de la diversidad sexual, colectivos de mujeres especialmente empobrecidas, precarizadas y racializadas y, muy especialmente, colectivos de las propias trabajadoras sexuales afectadas, «como puede apreciarse en el listado de apoyos recogidos en tan solo diez días».
Por último, reclaman al Ministerio de Igualdad que cumpla, en definitiva, «su compromiso político y ético, ampliamente difundido, de no dejar a nadie atrás». Mientras tanto, afirman, «continuarán apoyando sus reivindicaciones, en cuantas acciones promuevan en defensa de sus derechos como ciudadanas».
