El Grupo Parlamentario Vox ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para tratar de que la Cámara inste al Gobierno a denunciar al Gobierno de Venezuela ante el Tribunal Penal Internacional (TPI), tomando como base el informe publicado el miércoles por una misión de la ONU.
Ese informe, según recuerda Vox en una larga exposición de motivos, constató «que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos» e «identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad».
Añade que la misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas y examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.
Así, Vox quiere que el Congreso inste al Gobierno a que, «cumpliéndose las condiciones previas para el ejercicio de la competencia» por parte del TPI, remita a la Fiscalía de este órgano un informe para que investigue la situación en Venezuela.
Se trata de «determinar si se ha de acusar de la comisión de alguno de los crímenes previstos en el artículo 5 del Estatuto de Roma a una o varias personas» de las que figuran en el informe, dice el texto.
A finales de 2018, el Gobierno español rechazó la petición que le hicieron PP y Ciudadanos, y también la oposición venezolana para que se sumase a la denuncia ante el TPI que presentaron Colombia, Argentina, Perú, Chile, Paraguay y Canadá.
El entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell, afirmó que no veía oportuna la denuncia por varios motivos: porque la Fiscalía del TPI había iniciado su propia investigación y no quería interferir en los plazos; porque no veía clara su base y porque veía «un problema de oportunidad para «mantener y establecer diálogos políticos».
Vox también ha presentado en el Congreso una serie de preguntas escritas, para preguntar al Gobierno si va a «condenar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Gobierno Bolivariano de Venezuela» y si va a promover «alguna actuación para que las instituciones europeas condenen los crímenes cometidos por el régimen venezolano».
En tercer lugar, pregunta si ese informe de la ONU va a afectar a «las relaciones de España con el régimen dictatorial venezolano», teniendo en cuenta que el documento «viene a ratificar otros previos, incluyendo la petición de captura de Nicolás Maduro por parte de la Fiscalía estadounidense».
