La defensa del president de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra, ha solicitado este jueves a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le absuelva del delito de desobediencia por el que fue condenado a un año y medio de inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Ha argumentado, entre otros motivos, que el juicio al president deriva de haber sido tratado por la Junta Electoral Central (JEC) como «minoría nacional» por «tres palabras en una pancarta» que deberían enmarcarse en su libertad de expresión.
El abogado Gonzalo Boye ha defendido sus argumentos durante unos veinte minutos ante un tribunal de cinco magistrados contra la condena impuesta su cliente por desobedecer a la Junta Electoral Central (JEC), que le ordenó retirar símbolos independentistas durante el periodo electoral de las elecciones del 28 de abril de 2019.
La fiscal del Supremo, Pilar Fernández Valcarce, ha realizado dos breves intervenciones durante la vista, la primera para impugnar todos los motivos del recurso de Boye y la segunda para defender sus argumentos para la confirmación de la condena.
Así, ha defendido la competencia de la JEC para sancionar a Torra y la imparcialidad del tribunal que le condenó, además de negar que se juzgara un acto político, sino electoral.
Fernández Valcarce ha rechazado igualmente que las ordenes dadas por la JEC a Torra fueran ilegales y de imposible cumplimiento por afectar a su libertad de expresión, tal y como expone la defensa en su recurso, y ha recordado que se trataba de disposiciones en el marco de un proceso electoral regido por la LOREG , que esta obligada «a que se revisen, se neutralicen o se sancionen» las actuaciones de naturaleza como las realizadas por el president de la Generalitat.
EL ACTO DE INHABILITAR DEBERÁ ORDENARLO EL TSJ
Una vez terminada la vista la Sala se ha retirado a deliberar, tal y como han anunciado los propios magistrados, si bien el fallo puede tardar aún unos días, han señalado a Europa Press fuentes jurídicas. La confirmación de la sentencia supondrá ejecutar la inhabilitación de Torra como presidente de la Generalitat, un trámite que corresponderá al tribunal enjuiciador, esto es al TSJC, en caso de la desestimación del recurso ante el Supremo.
A lo largo de su intervención, que ha sido seguida en la sala tanto por Torra como por el vicepresident Pere Aragonés y la consejera Meritxell Budó, Boye ha destacado que su cliente no participaba del proceso electoral por el que fue sancionado, puesto que era una persona sobre la que la JEC no era «autoridad superior» y no solo se le sanciona sino que se le deduce testimonio se le denuncia y se le lleva a juicio.
«Hemos buscado distintas interpretaciones para ese trato distinto y solo se nos ha ocurrido una en base al artículo 2 del tratado de la UE, que se trate de una minoría nacional, de otro modo no tiene ninguna explicación en derecho este trato distinto que ha tenido mi defendido», ha manifestado ante la Sala.
Boye ha argumentado también contra la desproporción de la sanción, que afecta a los derechos políticos de su cliente, así como contra la falta de competencia del la JEC para ordenar la retirada de la pancarta. «Aquí no estamos discutiendo los hechos», ha llegado a señalar, puesto que la retirada de la pancarta se produjo.
Igualmente ha alegado cuestiones para las que se deberían plantear preguntas de carácter prejudicial ante la justicia europea, entre ellas la falta de imparcialidad de la salas del TSJ que le condenó, un punto con el que también ha discrepado la fiscal. Así, ha solicitado al Supremo una respuesta con la que «todos podamos convivir» de cara al futuro, y que resista «el paso del tiempo y el tiempo de los recursos.
Entre sus críticas a la imparcialidad tanto de la JEC como del tribunal que condenó a Torra, Boyé ha destacado el hecho de que uno de los integrantes de la primera, Andrés Betancort, estuviera a sueldo de Ciudadanos, que fue el partido que denunció la colocación de la pancarta ante el órgano supervisor del proceso electoral, lamentando que no se le permitiera llamarlo a declarar en el juicio.
Del tribunal que condenó ha destacado que algunos de sus miembros hubieran vertido declaraciones públicas contra el gobierno presidido por Torra en la Generalitat.
Finalmente, el letrado ha aludido a la inmunidad de su cliente como miembro del Parlament de Cataluña, recordando que esta condición le acompaña allá donde esté según jurisprudencia del propio Supremo. En este punto ha citado el caso de la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, quien llamó terrorista al padre del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en sede parlamentaria «y no le ha pasado nada». NADIE POR ENCIMA DE LA LEY
En la vista también ha impugnado los motivos de la defensa de Boye la acusación popular, ejercida por la abogada Marta Castro en representación de Vox, quien ha recordado a la Sala que los argumentos de su oponente olvidaban cuestiones esenciales como el principio de legalidad, puesto que «nadie está por encima de la Ley». Además, ha calificado la intervención de Boye ante el tribunal de «mero marketing político» con escaso rigor jurídico.
A las puertas del Supremo, una vez ha concluido la vista, Castro ha manifestado que el actual president pretende, «igual que los separatistas, utilizar todos los medios a su alcance sin ningún argumento, incluso utilizar el Tribunal Supremo y los tribunales para intereses partidistas», tal y como a su juicio ha ocurrido en la vista celebrada este jueves. «El señor Torra infringió la ley y tiene que tener sus consecuencias, no cabe un trato favorable», ha manifestado.
