Dos asociaciones están recogiendo firmas para impedir que el Gobierno expulse a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos, tal y como anunció la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, el pasado martes durante la presentación del proyecto de Ley de Memoria Democrática, aprobado por el Ejecutivo.
Así, la asociación católica Enraizados ha conseguido más de 27.000 firmas de apoyo a su petición lanzada el pasado martes para defender la presencia de la comunidad religiosa en el Valle de los Caídos, según informa en un comunicado.
«El Gobierno, que dice que respeta lo que quieren los familiares, va a saltarse a la torera la voluntad de las familias que expresaron su deseo de que los muertos descansaran en paz en el cementerio de Cuelgamuros, bajo la paz que proporciona la oración de los monjes», ha advertido el presidente de Enraizados, José Castro, al tiempo que ha anunciado que emprenderán acciones legales.
Por otra parte, Enraizados está preparando un libro de «testimonios de perdón», en el cual se recogen historias de personas que perdieron padres, tíos o abuelos durante la guerra, como el de un nieto de Tomás García-Noblejas Quevedo; el de uno de los hijos de Pascual Castillo Soriano, o el de la esposa de Gumersindo Ruíz Suárez, todos ellos asesinados en 1936.
«Con esta publicación buscamos una reconciliación real, mostrar que el rencor no está en los que sufrieron la guerra y muchas pérdidas, sino en un gobierno que maneja políticamente un tema sensible para todos los españoles», ha añadido Castro.
De forma paralela, la asociación Hazte Oír también ha lanzado una campaña de recogida de firmas con la que piden a la jerarquía de la Iglesia española que «defienda y proteja la inviolabilidad de la Basílica, a los monjes que la custodian y la permanencia de la Cruz» del Valle de los Caídos.
«La destrucción de los símbolos cristianos que se avecina puede ser devastadora: el Gobierno planea una orgía de venganza y destrucción sobre un lugar sagrado, y no podemos quedarnos impasibles», advierten.
En la carta, enviada al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, con copia el nuncio apostólico en España, Hazte Oír dice que, a través de la Ley de Memoria Democrática, el Gobierno «expulsará a los monjes benedictinos que custodian los lugares santos y a su prior, Santiago Cantera, si es necesario por la fuerza, profanarán de nuevo la Basílica, y como colofón, derribarán la gran Cruz».
Si bien, fuentes de Moncloa precisaron el pasado martes que la «resignificación» del Valle de los Caídos no pasa por derribar la gran cruz que preside el complejo. El planteamiento del Gobierno es «explicar el monumento en su conjunto, y el monumento en su conjunto lleva incluida la cruz», según puntualizaron.
En cuanto a los benedictinos, Carmen Calvo afirmó que la presencia de los monjes es «incompatible» con la resignificación de este lugar y anunció que saldrán del Valle de los Caídos «automáticamente».
