Junts per Catalunya defenderá el próximo martes en el Pleno del Congreso su proposición de ley para poner en marcha un régimen sancionador contra la morosidad, con sanciones de hasta un millón de euros para las infracciones más graves.
La proposición de ley contempla la creación de un Observatorio de la morosidad y sanciones de hasta 6.000 euros para las infracciones leves, de entre 6.000 y 100.000 euros para las graves, y hasta un millón de euros para las más graves.
Asimismo, también incluye la prohibición de pactar entre las partes un plazo superior al establecido legalmente, y modifica la regulación del IVA, para variar la base imponible de las facturas no cobradas y reducir el plazo para considerar una factura incobrable.
La iniciativa, esgrime Junts, parte de los consensos alcanzados con los grupos hace dos legislaturas, cuando el Congreso y el Senado tramitaron sendas proposiciones de ley de Ciudadanos y del PDeCAT, predecesor de Junts.
Precisamente, hace apenas dos meses, el PSOE y Junts pactaron la puesta en marcha de un régimen sancionador contra la morosidad como parte de las políticas de reconstrucción económica frente a la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, incluyendo esta recomendación en el dictamen elaborado por el Congreso.
SEGUNDO INTENTO, TRAS EL VETO DEL GOBIERNO
Junts registró esta proposición de ley el pasado mes de mayo, tras el veto del Gobierno a una propuesta anterior, por suponer una pérdida de 9.639 millones de euros en los ingresos previstos por la recaudación de IVA en 2020.
Y es que la ley habilita a las empresas reducir de su base imponible IVA anticipado por facturas que finalmente resulten total o parcialmente incobrables, y permite reducir el plazo actual de seis meses que ha de transcurrir para que una factura no abonada en fecha adquiera esa condición de incobrable.
Ante este veto, Junts decidió presentar de nuevo la misma iniciativa, pero retrasando la entrada en vigor de las modificaciones del IVA al 1 de enero del año siguiente al de su aprobación, y así sortear la prohibición de afectar los ingresos previstos para este ejercicio.
Conforme a la Constitución, el Gobierno tiene capacidad para vetar el debate de iniciativas legislativas si considera que supone una alteración de los Presupuestos, ya sea por un incremento de gasto o por un descenso de los ingresos, y lo habitual es que la Mesa del Congreso lo asuma.
En su veto, el Ejecutivo también rechazaba eliminar el plazo de tres meses para modificar la base imponible y exigir la comunicación a la Agencia Tributaria, lo que provocaría, esgrime Hacienda, un «descontrol» de estas reducciones, imposibilitaría las comprobaciones y causaría «indefensión» en la AEAT, por no saber a quién reclamar el impago de cuotas.
«La eliminación de esta obligación, insistimos, supone un riesgo inasumible para la Hacienda Pública, ya que sería imposible controlar que las minoraciones en la base imponible tienen su correspondiente regularización en la contraparte», argumenta el Gobierno, que considera «bastante probable» que aumenten estas reducciones, lo que «puede provocar una imposibilidad práctica de control» sobre estas autoliquidaciones.
