El decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, ha amenazado con futuras movilizaciones si no se tiene en cuenta a la Abogacía en las decisiones que afecten al funcionamiento del sistema de Justicia tras «la ineficacia» de las medidas puestas en marcha para descongestionar la Administración de Justicia tras los meses de parón judicial por la pandemia.
Una de las medidas fue la habilitación del pasado mes de agosto, algo que resultó ser «absolutamente inútil», según el decano. Su poca validez es una de las principales conclusiones del primer Observatorio sobre la Normalización de la Actividad Judicial, cuyo avance de resultados ha sido presentado hoy por el decano José María Alonso y el director del Área de Defensa al Colegiado/a y Normativa, Fernando Bejerano.
Se trata de una encuesta realizada entre el 1 de julio y el 10 de septiembre de 2020 en la que han participado más de 1.200 profesionales de la abogacía que demuestra con datos «la ineficacia» de una de las principales medidas adoptadas para descongestionar los juzgados y tribunales madrileños tras el estado de alarma.
«El ICAM se opuso desde el principio a la habilitación del mes de agosto, y no porque los abogados no queramos colaborar para ayudar a este país a sobreponerse a los gravísimos efectos de la pandemia», ha recordado Alonso, sino porque «se sabía que los únicos paganos de esa inutilidad y de esa habilitación parcial del mes de agosto iban a ser los abogados y los procuradores».
«Y lamentablemente la realidad nos ha dado la razón», ha subrayado Alonso, quien ha reseñado que los datos obtenidos reflejan que, a pesar de haberse decretado la habilidad del mes de agosto, las actuaciones durante este mes han sido muy escasas.
También se observa que de forma mayoritaria se ha ignorado la recomendación del CGPJ relativa a la notificación anterior al 15 de junio de los señalamientos comprendidos en el mes de agosto, o que tan solo un 10 por ciento de los encuestados manifiesta haber celebrado de forma telemática algún señalamiento desde la reactivación de la actividad judicial.
Si bien las recomendaciones realizadas por los distintos estamentos de la Administración de Justicia eran «medidas sustentadas en la buena fe y en la creencia de que iba a servir para algo», para Alonso la realidad es que no ha servido porque «los jueces se consideran los reyes de taifas de sus juzgados, los jueces deciden lo que se hace en su juzgado, y al socaire de que es actividad jurisdiccional incorporan decisiones que no son actividad jurisdiccional».
En ese sentido, el decano ha aclarado que los abogados no quieren «entrar en absoluto en el funcionamiento del poder judicial como tal poder, en cómo un juez decide los asuntos», pero en materia de señalamientos o notificaciones sí funcionan como una administración normal «y por tanto tienen que someterse a las exigencias y a los requerimientos que se exige de toda administración normal».
TARDES EN LOS JUZGADOS
Según trasladan los profesionales de la abogacía de Madrid encuestados, la celebración de señalamientos en horario de tarde en los meses de junio, julio y agosto, no supera el 10 por ciento.
Además, el 87% manifiesta que la fecha del señalamiento no ha sido consensuada previamente. Además, en torno a un 50 por ciento de los encuestados, han comunicado haber sufrido alguna suspensión durante los meses de junio y julio.
Por lo que se refiere a las medidas de protección frente al COVID, el Observatorio refleja que se han trasladado incumplimientos de la distancia de seguridad (16,5%), en la adecuación de salas de vistas (14,8%), en la falta de medios de protección (12,8%), en la limpieza de salas de vistas (15,6%) y en el debido distanciamiento entre señalamientos (29,9%).
Otro de los aspectos del informe sobre los que ha llamado la atención el decano es el estado de la pendencia de Madrid en el registro de demandas.
Así, ha destacado Alonso que a fecha 3 de septiembre de 2020 existan 31.679 demandas iniciadoras de asuntos civiles y 1.929 demandas ejecutivas sin repartir. «Sobre estas demandas los abogados hemos estado trabajando, y el mínimo derecho que tenemos es que se reparta», ha señalado.
Tras exponer las principales conclusiones del Observatorio, el decano madrileño ha subrayado la importancia de la abogacía como parte de Administración de Justicia.
Se nos llama colaboradores, lo cual niego, pero aunque se nos llame colaboradores lo que no puede ser es que nos traten como gente de segunda y relegarnos a un papel secundario. Y desde luego, como decano del Colegio de Madrid, el más grande de Europa, no puedo aceptar que eso siga sucediendo como está sucediendo», ha aseverado.
Por todo ello, el Colegio de Abogados de Madrid seguirá reclamando hasta la saciedad la participación de la abogacía en la toma de decisiones de la Administración de Justicia, sin descartar otro tipo de acciones.
Para finalizar, y recordando que las críticas contenidas en este informe son constructivas, no destructivas, Alonso ha reiterado la necesidad de que la abogacía forme parte integrante de la solución. «No se nos puede excluir de la solución. Y desde luego, este Colegio de Abogados de Madrid, que es el más grande de España con diferencia, no va a tolerar un mes de agosto como el que hemos tenido», ha concluido.
