La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un informe al juez que instruye la pieza ‘Dina’ de la macrocausa ‘Tándem’ en el que solicita la inadmisión de la querella que presentó el partido Vox a finales de agosto contra el vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, por denuncia falsa y estafa procesal, entre otros delitos.
Esa querella iba dirigida también contra la exasesora de Iglesias Dina Bousselham, contra la abogada de ésta Marta Flor, y contra el fiscal Ignacio Stampa, uno de los dos que investiga el denominado ‘caso Tándem’ por las actividades presuntamente irregulares del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo.
Fuentes jurídicas consultadas, apuntan que dichos delitos no serían competencia del juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, a lo que se suma que, al estar Iglesias aforado, la causa correspondería en todo caso al Tribunal Supremo.
La postura del Ministerio Público es coincidente con lo defendido por los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que en su auto de este miércoles readmitían a Iglesias como perjudicado en la causa, y explicaban que en caso de investigarse nuevos posibles delitos que no tuvieran que ver con la organización supuestamente criminal de Villarejo, esos hechos debían instruirse en otro órgano que no fuera la Audiencia Nacional.
Esto lo indicaban ante la «hipótesis» del juez de que el propio Iglesias o Bousselham hubieran podido difundir los documentos del teléfono móvil, dado que el líder de la formación ‘morada’ retuvo varios meses la tarjeta SD del terminal desde que en enero de 2016 se le fuera entregada por el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio.
HASTA SEIS DELITOS, SEGÚN VOX
En su querella, Vox les imputaba en el marco de la pieza ‘Dina’ –en la que se investiga el robo del teléfono móvil de Bousselham y el posterior uso de los archivos que contenía– hasta seis delitos por el contenido de un chat privado entre abogados de Podemos en los que Flor comentaba determinada información que había obtenido del representante del Ministerio Público.
En concreto, el partido de Abascal hablaba de denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito, estafa procesal, tráfico de influencias, revelación de secretos y estafa procesal.
En uno de los últimos autos del juez Manuel García-Castellón se aceptaba la personación de Vox y de una asociación de juristas como acusación popular pero no se admitía a trámite la querella al constatar «un defecto procesal subsanable».
Cabe recordar que en la última testifical de este caso en la que declaró el exabogado de Podemos José Manuel Calvente, éste apuntó a que Podemos había hecho un «montaje» con el caso ‘Dina’ para sacar rédito político en las generales de abril de 2019, si bien fuentes que asistieron al mismo indican que se basó en rumores para sostener esto. El representante del Ministerio Público que realizó el interrogatorio fue el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.
