El Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid ha decidido suspender la vista oral prevista para este viernes en la que se juzgaba al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo por denuncia falsa y calumnias al exdirector del CNI Féliz Sanz Roldán. El motivo de este cuarto aplazamiento es, según informan desde el juzgado, la imposibilidad de la declaración como testigo de la examiga del rey emérito Corinna Larsen.
Según providencia del titular del juzgado, Jesús de Jesús Sánchez, se ha recibido comunicación del magistrado de enlace en el Reino Unido señalando que era imposible la declaración de la testigo desde la embajada de España en Londres. Esto, sumado a que no han recibido respuesta del Tribunal de Westminster respecto a la posibilidad de reconsiderar la decisión de suspender la práctica de la videoconferencia, le lleva a suspender ‘sine die’ la vista que estaba señalada para este viernes a las 10.00 horas.
La defensa de Corinna Larsen recurrió su citación como testigo en el juicio al no haberse requerido su testimonio por medio de la procedente orden europea de investigación (OEI), según explicaron fuentes jurídicas.
La petición sigue el criterio marcado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que recordó al magistrado de ‘Tándem’ que si la declaración de la empresaria alemana en el marco de la pieza ‘Carol’ se producía por videoconferencia desde la embajada española en Londres sin OEI, se podía incumplir las obligaciones contraídas por España en el marco de la cooperación jurídica internacional.
PRIMER JUICIO CONTRA VILLAREJO
La vista oral, que se ha visto aplazada en otras tres ocasiones por la pandemia o por problemas técnicos para realizar la videoconferencia, es el primero señalado contra Villarejo, que permanece en prisión desde noviembre de 2017 por el ‘caso Tándem’. El comisario jubilado se enfrenta ahora a dos años de cárcel por denuncia falsa y calumnias a Sanz Roldán.
Por lo que respecta al primero de los delitos que se le imputan, se trata de la denuncia interpuesta el 1 de junio de 2017 por Villarejo contra Sanz Roldán y un periodista por un artículo sobre sus «tentáculos» en el mundo judicial que se ilustraba con una fotografía suya, según denunciaba, obtenida en una operación antiterrorista en la que había participado como agente encubierto.
En la imagen aparecía Villarejo descendiendo de un avión en la zona de pistas del aeropuerto de Melilla y, siempre según su denuncia, formaba parte de un dossier que el CNI habría facilitado al periódico ‘El País’ con el conocimiento y autorización de Sanz Roldán, lo cual sería constitutivo, en su opinión, de un delito de descubrimiento y revelación de secretos y de un delito de colaboración con actividades de organizaciones terroristas.
La denuncia no fue admitida a trámite y el juez ordenó el archivo de las actuaciones. Villarejo recurrió en reforma y en apelación, sin ningún éxito, y finalmente la Fiscalía y la Abogacía del Estado acabaron emprendiendo acciones contra él por denuncia falsa en los juzgados de Madrid.LAS AMENAZAS A CORINNA Por lo que respecta al delito de calumnias, la Fiscalía afirma que el 5 de junio de 2017, en el programa «Salvados», de la Sexta, el acusado manifestó que Sanz Roldán había amenazado de muerte a Larsen «siendo consciente de que no era cierto».
Así, Villarejo ha incluido en el listado de testigos a la empresaria alemana para ratificar esas supuestas amenazas. En una declaración jurada ante notario, la Larsen acusaba a Sanz Roldán de estar detrás de una «campaña» en su contra y de amenazarla personalmente en un hotel de Reino Unido en el año 2012, después de que Don Juan Carlos tuviera el accidente en Botsuana.
También están citados como testigos el que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), José Luis Olivera; y la ex responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y actual jefa de Gabinete de la ministra de Defensa, Esperanza Casteleiro. Ambos a instancias de la defensa de Villarejo.
Sin embargo, el juzgado ha rechazado las testificales del ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino; del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y de cuatro periodistas. Se opone a practicar estos interrogatorios al entender que lo que podrían acreditar los dos primeros lo hará el propio Olivera y que el conocimiento de los segundos es de fuente indirecta o lo puede atestiguar Corinna Larsen.
