Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón han presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de Pedro Sánchez ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por inacción e incumplimiento jurídico de las obligaciones de España contra la emergencia climática.
En el escrito, las tres ONG exigen al alto tribunal que exija a España una reducción de emisiones del 55 por ciento en 2030 y la neutralidad climática en 2040 y que señale al Estado su responsabilidad en la desprotección de los derechos fundamentales a la salud y la vida de la ciudadanía, que necesitan de un medio ambiente adecuado para poder disfrutarse plenamente.
En su escrito, exponen los motivos para iniciar la demanda contencioso-administrativa y, una vez que sea admitida a trámite, «cargarán» con todos los argumentos jurídicos y científicos.
Para el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, este es un «día importante» al que les gustaría no haber llegado pero defiende que se trata de una acción «histórica» para exigir al Gobierno que «cumpla» con su obligación climática y, precisamente en un contexto de crisis sanitaria y socioeconómica sin precedentes.
«Consideramos que prevenir los peores efectos del cambio climático es un imperativo y aunque los esfuerzos del actual Gobierno de España van en la buena dirección y los valoramos positivamente, hemos de reconocer que son insuficientes para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos en el Acuerdo de París», ha manifestado Rodríguez en declaraciones a Europa Press, tras presentar en rueda de prensa el litigio conjunto.
«Para compensar la falta de acción de Gobiernos previos se requiere de una acción más decidida y valiente», reclama.
En la misma línea, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, asegura que «la sociedad se juega mucho» mientras que el director de Oxfam Intermón, Franc Cortada, califica de «hito» esta demanda a la que se han sumado con la mirada puesta en el impacto social del cambio climático en las personas que más sufren sus consecuencias y que carecen de la capacidad para hacerle frente.
Cortada ha explicado en rueda de prensa que el cambio climático no afecta igual a todos ya que países que apenas tienen responsabilidad en el problema sufren de forma exponencial sus impactos en el día a día y ha recordado que el 10 por ciento más rico del planeta es responsable del 50% de las emisiones de CO2 mientras que más del 50% de la población apenas emite el 10 por ciento del CO2 mundial.
EL COVID, PROBLEMA AÑADIDO
Además, ha alertado de que el COVID-19 va a dejar 700.000 personas más en situación de pobreza en España por lo que quiere que la del Ejecutivo articule emergencia climática con desigualdad y vulnerabilidad.
Al respecto del litigio climático, la abogada de Greenpeace Lorena Ruiz ha subrayado en la presentación este martes que las demandas de esta naturaleza están proliferando en todo el mundo por la «inactividad y pasividad de los Gobiernos ante el mayor reto de la civilización». «A los ciudadanos no nos queda más que acudir esta vía para obligar a los Estados a cumplir», lamenta.
La base del litigio está detrás de que han encontrado un incumplimiento objetivo de la obligación jurídica del Ejecutivo, que tenía que haber presentado ya a la Unión Europea con fecha tope el 31 de diciembre de 2019 el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia a largo plazo, dos instrumentos jurídicos de la acción europea por el clima para cumplir con los compromisos de cambio climático, que en septiembre de 2020 aún no se han aprobado.
Además, la abogada ha denunciado que el borrador conocido del PNIEC y de la Estrategia plantean una ambición climática «insuficiente» para cumplir con el objetivo que los Estados de la UE se marcaron cuando firmaron el Acuerdo de París.
