La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha denunciado la intención del Gobierno de congelar o, incluso, recortar los salarios de los docentes en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y le exige que, por el contrario, destine un aumento «significativo» a las partidas que, en estas cuentas, se destinen a la Educación.
«Esta es la forma en la que el Gobierno apoya al colectivo y reconoce el enorme esfuerzo que están realizando los docentes y no docentes del sistema educativo», lamenta FSIE, quien ha recordado la labor de estos profesionales durante el final del curso pasado y el inicio de este, marcados por la crisis sanitaria generada por el Covid19.
Desde el sindicato, denuncian que en las reuniones entre el Ejecutivo y los grupos parlamentarios que se han celebrado en las últimas semanas, con motivo de los PGE, no hay muestras de «una mínima predisposición al diálogo y al consenso» y temen que el sector se vea perjudicado por esta situación. Esto, critican, se une «a la intención del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de endurecer las condiciones de acceso a la jubilación anticipada».
PIDE «NO DEJAR A NADIE ATRÁS»
«La realidad, denunciada reiteradamente por FSIE, es que en nuestro sector el Gobierno ya venía impidiendo la renovación de las plantillas obligando en la práctica a docentes y no docentes a permanecer en sus puestos de trabajo hasta la jubilación total», explica el sindicato, para quien este anuncio supone «un nuevo varapalo para los profesionales de la educación concertada, privada y de atención a las personas con discapacidad», que ven «como el Gobierno les impide alcanzar una justa mejora de sus derechos laborales».
En su compromiso de preservar y defender los intereses del colectivo, explica FSIE, solicitarán a los partidos políticos que «no apoyen» unos PGE que supongan «perjudicar de forma tan injusta a los trabajadores». «FSIE considera que para poder afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria debido a la Covid19, la sociedad en su conjunto, y el sector de la educación concertada, privada y de atención a las personas con discapacidad en particular, necesitan un proyecto de reconstrucción socioeconómica sólido, consensuado y que cumpla con la máxima, tan repetida en los últimos meses por el Ejecutivo, de ‘no dejar a nadie atrás'», apuntan en un comunicado.
En este sentido, el sindicato considera que el reparto de los 2.000 millones del Fondo Covid a las comunidades autónomas, de los cuales 400 son para universidades, no son suficientes para cubrir las necesidades de la crisis sanitaria.
Además, explica, que la generalidad en la asignación de este fondo extraordinario no obliga a las autonomías a emplearlo únicamente en la lucha contra la pandemia, ni a distribuirlo de manera igualitaria entre todos los centros sostenidos con fondos públicos, dejando en manos de cada gobierno autonómico el tratamiento que reciba la enseñanza concertada, sus profesionales, alumnado y familias.
