El PP defiende ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estar legitimado para solicitar la anulación del acuerdo del Consejo de Ministros que designó a Dolores Delgado como fiscal general del Estado, un asunto aún pendiente de resolver por el alto tribunal. Lo hace tras conocer el informe de la Abogacía del Estado que niega dicha legitimidad al partido liderado por Pablo Casado.
Así, el PP defiende que su interés legítimo en este asunto deriva de contar con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, «ante el cual los diputados pertenecientes al grupo parlamentario popular, elegidos en las elecciones generales a las que esta parte concurrió, asistieron a la comparecencia de la persona designada, mostrándose en tal comparecencia pública y notoriamente en oposición al nombramiento en cuestión».
A lo largo de su escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP reprocha a la Abogacía del Estado que pretenda negar sistemáticamente la legitimación de los partidos políticos para impugnar este tipo de acuerdos sin atender a un criterio «casuístico», ya que ello es incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del artículo 24.1 de la Constitución.
A juicio de esta parte, la interpretación reduccionista del instituto de la legitimación que defiende la Abogacía del Estado provoca que «se generen espacios de impunidad para arrebatar a la Jurisdicción el conveniente control de los requisitos reglados de los actos políticos como es el de la designación de Delgado.
LOS PARTIDOS, HERRAMIENTAS DEMOCRÁTICAS
Por ello, a lo largo de su escrito el PP incide en esa condición especial, constitucionalmente consagrada, de partido político «como herramienta y cauce esencial del funcionamiento democrático», que ha de ser tenida en cuenta a la hora de «interpretar con amplitud las fórmulas que emplean las leyes procesales en la atribución de la legitimación».
Insiste además en que en su condición de principal partido de la oposición en las Cortes Generales tiene no sólo el derecho «sino la obligación institucional de ejercer un proporcional y adecuado control de los actos del Gobierno, tanto parlamentariamente como también mediante la interposición de oportunos recursos ante la Jurisdicción ordinaria, y la Constitucional«, especialmente ante actos que consideren «abiertamente ilegales o inconstitucionales».
En su escrito se recuerda además la propia opinión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó públicamente respecto de la noción de separación entre Gobierno y Ministerio Fiscal y la necesaria imparcialidad de este último, «y que puede incidir en los intentos de incidir en su funcionamiento a través del nombramiento en cuestión».
En la entrevista citada, que tuvo lugar en RNE el pasado 6 de noviembre, Sánchez a modo de respuesta a un periodista, preguntó al mismo «¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?». Y como la respuesta del periodista fue «del Gobierno», le repuso «Pues ya está».
Igualmente, insiste el partido de Casado ante el Supremo que no puede olvidarse la «pública y notoria animadversión de la persona designada como Fiscal General del Estado» frente al PP, del que ha dicho públicamente que «lleva en su ADN la corrupción», que «es un partido corrupto y en descomposición, y esa descomposición se refleja día a día en el Parlamento», o que se toma la violencia de género como «una especie de broma».
Por todo ello, el PP pide a la Sala de lo Contencioso del Supremo que desoiga los argumentos de los Servicios Jurídicos del Estado y, en base a su legitimidad para impugnar el nombramiento, anule el real decreto por el que se nombró a Delgado por no cumplir con los criterios de idoneidad e imparcialidad exigibles para dirigir la Fiscalía.
