Más País-Equo y Compromís han presentado este martes en el Congreso una proposición de ley para delimitar la inviolabilidad del Rey acotando los actos que realiza como Jefe del Estado y diferenciándolos de los que hace como «persona privada» y, por tanto, «no inviolable».
El texto ha sido presentado en rueda de prensa por el líder de Más País, Íñigo Errejón, la diputada de Equo, Inés Sabanés, y el diputado de Compromís, Joan Baldoví.
La iniciativa, bautizada como Ley de Responsabilidad de la Corona, tiene como objetivo, según ha destacado Errejón, «facilitar la transparencia y la rendición de cuentas» y, a su juicio, debería ser punto de consenso para cualquier demócrata, con independencia de que se sea monárquico o republicano.
Mientras Sabanés ha recalcado que con esta iniciativa se busca solucionar un tema «que no está resuelto», Baldoví ha subrayado que es necesario dejar claro por ejemplo que si el Rey «actúa como comisionista no lo hace como jefe del Estado y no puede acogerse a la inviolabilidad».
En concreto, el texto propone que la involabilidad del Rey o la Reina alcance exclusivamente a su actividad institucional, es decir, a los actos que necesiten de refrendo, y que ésta se mantenga incluso tras abandonar la titularidad de la Jefatura del Estado. Además, plantea que la responsabilidad derivada de dichos actos recaiga sobre las personas designadas para refrendarlos.
De esta forma, el titular de la Corona sí será «responsable de los actos u omisiones que realice, ya sea a título particular o como miembro de la Familia Real».
En otros de los artículos, la proposición de ley establece que serán las leyes procesales las que determinen qué tribunal o tribunales son los competentes para conocer de los proceso seguidos para determinar la responsabilidad, civil o penal, del Rey o la Reina.
AFORAMIENTO REAL
El texto incluye también una disposición que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial regular el aforamiento del Rey y equipararlo al de otras altas instituciones del Estado.
En concreto, persigue que sean las Salas de lo Civil y lo Penal del Supremo las que conozcan de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra el Rey, la Reina, la Reina consorte, el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o la Reina que hubiera abdicado y su consorte.
