La población de origen inmigrante en España sigue ocupando los peores puestos de trabajo, con un 75% en ocupaciones obreras, pese a su «elevado» arraigo en el país, con más de 10 años de media en España, y a sus niveles educativos, pues un 25% tiene estudios universitarios, según un estudio de Cáritas Española y el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la Universidad Pontifica Comillas.
El informe, titulado ‘Un arraigo sobre el alambre. La integración social de la Población de Origen Inmigrante (POI) en España’, ha sido presentado este martes 15 de septiembre en rueda de prensa.
«Son vecinos esenciales como las decenas de mujeres migrantes que cuidan de nuestro mayores, de nuestros hijos y hogares, como los reponedores del supermercado o los que recogen fruta en el campo», ha subrayado la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro. Muchos de ellos, según ha dicho, tienen «rostro migrante» y al mismo tiempo, la «sombra» de una «baja protección» de sus derechos.
Entre los datos del estudio, destaca que el 52% de la población de origen inmigrante en España son mujeres, que son jóvenes con una media de edad de 36 años (frente a los 44 de la población española) y solo un 8% tiene más de 65 años (frente al 22% de los españoles).
Además, «en contra de los estereotipos», tienen niveles formativos similares a los de la población española -un 25% tiene estudios universitarios frente al 29% de los nativos-. En el caso de la población latinoamericana el porcentaje es del 20%. «Esto no casa con sus pésimas condiciones laborales», ha enfatizado el experto del IUEM de la Universidad Pontificia Comillas Juan Iglesias.
En cuanto al nivel de arraigo, el informe revela que un 74% de la población de origen inmigrante llevan más de 10 años viviendo en España; uno de cada 3 tiene la nacionalidad española; el 62% tiene la intención de quedarse y un 23% de las parejas son uniones mixtas.
Pese a este arraigo, los autores del estudio advierten de que la población de origen inmigrante sigue teniendo las «peores condiciones laborales», con un estatuto laboral «intensamente precarizado», que se caracteriza por la baja presencia de ocupados indefinidos a tiempo completo, y la alta presencia de trabajadores temporales, informales y de salarios bajos.
Estas situaciones de pobreza y exclusión, según precisa el estudio, justificarían que las personas de origen inmigrante acudieran en mayor medida a la protección social del Estado de Bienestar, pero «lejos de lo que pudiera sostenerse desde prejuicios estereotipados», el estudio constata que «la población inmigrante no sólo no abusa de los sistemas de protección, sino que además es un contribuidor clave».
