La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se ha mostrado optimista a la hora de sacar adelante la Ley de Memoria Democrática, cuya memoria económica tiene previsto aprobar en el próximo Consejo de Ministros, y ha llamado al PP a aprovechar la ocasión para dejar atrás su tradición «negacionista».
En declaraciones a la Cadena Ser, la ministra de Memoria Democrática ha dicho confiar en que este proyecto consiga el apoyo mayoritario de los grupos y el PP aproveche para rectificar su trayectoria negacionista e incorporarse además a las derechas democráticas europeas colaboradores para ordenar su pasado.
Un apoyo que espera de todos menos de Vox, partido del que no espera nada y cuyo líder, Santiago Abascal, «equiparó dictadura con democracia literalmente sin inmutarse» al decir que el Gobierno de Pedro Sánchez era el peor en los últimos 80 años.
La vicepresidenta ha dicho afrontar esta ley con mucha ilusión y ha adelantado que la memoria económica de la misma, que conllevará mucha movilización de recursos, estará en el próximo Consejo de Ministros.
En esta línea, ha explicado que el Gobierno ha movilizado este año 9 millones en subvenciones, cuando hace dos ejercicios este importe era nulo, y ha recordado que hasta la aprobación de la misma, el Ejecutivo sostendrá una línea de subvenciones. «Hemos vivido que las familias tuviesen que pagar las tasas para excavar en las cunetas, hasta eso hemos milimetrado que no vuelva a ocurrir. Esta ley viene a representar lo contrario», ha defendido.
Respecto a la cruz que preside el Valle de los Caídos, la ministra se ha limitado a señalar que la ley dice que todos los elementos que sean «simbólicos o recordatorios de la dictadura o no respeten la dignidad de las víctimas deben desaparecer» aunque serán los expertos los que tengan que determinar si entra en la excepción de los «valorados artísticamente o que constituyan estructuras que pongan en peligro la integridad del edificio que integran».
En cualquier caso, ha subrayado que se trata de una «gran tarea» que llevará su tiempo. «Vamos tarde, pero creo que le ha pasado a algunos países», ha defendido Calvo, quien no ve «justificable tardar un año o dos en sacar esto adelante».
