Marea de Residencias ha recurrido ya la sentencia del Juzgado de Instrucción número 5 de Leganés, que hace un mes archivó una querella que familiares de residencias de este municipio presentaron en mayo contra la Comunidad de Madrid por su gestión en los geriátricos durante el pico de la pandemia de coronavirus, ha informado una portavoz de este colectivo.
Los motivos principales a los que se aduce la inadmisión son la falta indicios de criminalidad, y que se considera que los relatos de hechos de los querellantes se sustenten en indicios delictivos, entre otros motivos.
El Juzgado también indica que fallecimientos y contagios fueron causados por la pandemia y no por la actuación de los querellados, «dado que se trataba de un fenómeno novedoso del que poco o nada se sabía, y se sigue sin saber». Por ello, cualquier responsabilidad que existiera debería dirimirse en la jurisdicción civil o contencioso-administrativa.
Los abogados de la Marea de Residencias, tras valorar el Auto judicial, lo han recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid, con la intención de que previa estimación del mismo, ordene la admisión de la querella y la práctica de las diligencias que en la misma se contienen.
Entre otros motivos, los recurrentes alegan la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, «al imposibilitar a los querellantes iniciar una investigación judicial sobre el fallecimiento o contagio de sus familiares».
También que en la querella se describen «indicios sólidos de criminalidad», tanto en el proceder de la Administración autonómica, como de las residencias. «No estamos apuntando a una investigación prospectiva, como se dice en el auto», esgrimen los recurrentes, que aseguran que combatirá también el argumento de la jueza leganense de que como se trataba de una enfermedad nueva no se pueden derivar responsabilidades penales.
Marea de Residencias mantiene activa otra querella colectiva interpuesta ante el Juzgado número 39 de Madrid, que elevó el caso al Tribunal Supremo y este se lo devolvió para que comenzara la instrucción y diligencias previas. A este Juzgado se adherirán otras querellas particulares de familiares de residentes en la capital. También mantienen abierta otra causa similar en un Juzgado de Alcorcón, que les ha indicado que lo eleven al Tribunal Superior de Justicia de Madrid o al Supremo.
«MERAS CONJERURAS», SEGÚN EL JUZGADO DE LEGANÉS
El Juzgado leganense inadmitió hace casi un mes a trámite la querella presentada por once familias de cuatro residencias de la localidad al considerar que los hechos se basan en «meras conjeturas» y no son constitutivos de «ningún tipo de infracción penal».
Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el juez sostiene que el escrito judicial se basa «en subjetividades» y esgrime que el Covid-19 es «una enfermedad nueva de la que poco o nada se sabía en el mes de marzo.
La querella iba dirigida contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, cuatro directores de residencias de Leganés y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Se formuló por delitos de homicidio imprudentes, lesiones, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación.
El magistrado detalla que del relato de los hechos «no se deduce la existencia de indicios racionales de criminalidad», indicando que se describe «la dolosa situación por la que han atravesado once familias en relación a familiares suyos que han enfermado y en algunos casos fallecido» por la pandemia.
Así, expone que se pretende «englobar en una misma situación los casos de los once querellantes cuando el propio relato de la querella desprende la existencia de esenciales diferencias entre ellos». «Hasta en cuatro de los casos descritos no se habla ni de sintomatología compatible con dicha infección, ni menos aún de prueba de diagnóstico positiva de la misma», arguye.
Asimismo, reprocha que el relato fáctico sean «meras prospecciones de los querellantes, «no conteniendo inicio alguno en que basar sus sospechas de actuación irregular por parte de las residencias». Insiste en que se habla «de hipótesis» a lo largo de la querella y se extraen conclusiones de meras conjeturas y subjetividades».
En cuanto a los directores de los centros, el juez argumenta que en el contenido de la querella se alude a la actuación de la Comunidad de Madrid y «nada se dice respecto de las residencias» o de «una actuación negligente o culpable», sino que «más bien se las presenta como meras ejecutoras de las directrices» del Gobierno regional.
Y sobre el Ejecutivo liderado por Díaz Ayuso, se muestra en contra de los argumentos de los querellantes sobre una mala aplicación de los protocolos e insiste en que hay que tener en cuenta que se está ante «una enfermedad nueva de la que poco o nada se sabía en marzo».
