Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) piden recuperar el fondo de 5.000 millones de euros para los municipios que presten sus remanentes positivos en un proyecto de ley diferente al real decreto que el Consejo de Ministros aprobará este martes, tras el rechazo sufrido el jueves pasado en el Congreso, después de que la ministra, María Jesús Montero, haya anunciado la suspensión de la regla de gasto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y otras medidas derivadas del modelo de financiación municipal.
El sindicato valora en una nota que el Gobierno haya retomado con celeridad parte de las medidas sobre las que existe un mayor consenso y que quedaron rechazadas en el anterior decreto ley, financie las entregas a cuenta e incorpore la liquidación de la financiación de los municipios en un año marcado por la crisis económica y sanitaria.
Sin embargo, los técnicos consideran necesaria la aprobación de los suplementos de crédito tras la caída de los ingresos tributarios del Estado, para seguir financiando las entregas a cuenta de la financiación local que el Gobierno decidió aumentar en marzo en los 822 millones de euros.
Igualmente, valoran que, tal como se preveía en el real decreto-ley rechazado, se permitirá a determinados ayuntamientos disponer de sus superávits de los años 2018 y 2019, o de sus remanentes positivos, para atender gastos urgentes no presupuestados, asegurar el pago a proveedores dentro de los plazos legales o realizar inversiones financieramente sostenibles.
Por otra parte, Gestha pide que se alcance un acuerdo amplio en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que permita disponer al Tesoro de la parte restante de los 14.850 millones «indisponibles» de los municipios, diputaciones provinciales y consejos insulares de Baleares, después de que el Congreso tumbara el anterior real decreto ley por esta controvertida medida.
A su juicio, la recuperación económica municipal debe financiarse principalmente de las transferencias estatales de una parte del fondo de los 140.000 millones, y los municipios más solventes podrán complementar localmente dichos incentivos con parte de sus remanentes, sin necesidad de gastarlos en su totalidad.
De igual modo, los técnicos de Hacienda ya advirtieron de que la pérdida de ingresos de los impuestos municipales (principalmente, el de construcciones y obras -ICIO- y plusvalías – IVTNU-) y de los de tarifa del transporte público hará, previsiblemente, que muchos ayuntamientos incurran en déficit presupuestario en 2020.
Por ello, celebran que no tengan que presentar un plan de ajuste para el próximo año, medida igualmente incluida en el anterior real decreto-ley que no prosperó.
Según el secretario general de los Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, «estas medidas no son un Plan B, pero suponen la base sobre la que existe un mayor acuerdo. «El Gobierno debe intentar lograr el máximo consenso posible en la búsqueda de la forma más eficaz para financiar el ingente gasto público que se requiere para apoyar a familias, empresas y sectores económicos en esta crisis», subrayar.
Este acuerdo, propone, podría ser incluido en un proyecto de ley que recupere el fondo de 5.000 millones de euros para los municipios a los que les resulte conveniente prestar sus remanentes positivos.
