La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha publicado este lunes un informe en el que advierte de que algunas de las ayudas que se están facilitando en el marco de la reconstrucción económica provocada por la pandemia del coronavirus se están dirigiendo a proyectos perjudiciales para el medio ambiente.
El análisis de la OCDE ‘Making the Green Recovery Work for Jobs, Income and Growth’, presentado en una reunión ministerial presidida por la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de España, Teresa Ribera, concluye que entre las economías de la OCDE y otras economías importantes, la mayoría de los países han incluido en sus estrategias de recuperación medidas dirigidas a apoyar la transición hacia economías más ecológicas, tales como subvenciones, créditos e incentivos fiscales para el transporte y la movilidad sostenibles, la economía circular y la investigación en materia de energía no contaminante.
Además, se ha apostado por ayudas financieras a las familias para mejorar la eficiencia energética y las instalaciones de energía renovable, o medidas de restauración de los ecosistemas, entre otras.
Sin embargo, alerta de que «simultáneamente, algunos países» han presentado medidas que «probablemente tengan un efecto adverso en las condiciones medioambientales, ya sea directa o indirectamente».
Aunque reconoce que algunas de estas medidas tienen carácter provisional y forman parte de los planes de rescate económico de emergencia, sin embargo denuncia que otras «podrían tener consecuencias a más largo plazo».
En concreto, pone de ejemplo medidas y planes para derogar disposiciones medioambientales, reducciones o exenciones fiscales en materia de medio ambiente, recate total de empresas que generan un alto nivel de emisiones contaminantes y un aumento de las subvenciones a la inversión en el desarrollo de infraestructuras de combustibles fósiles.
El informe sostiene que en muchos países las medidas de recuperación verde son «el eje principal» de los planes de reactivación diseñados para impulsar un crecimiento económico sólido, sostenible e incluyente, por un lado, y para mejorar el bienestar tras la crisis del COVID-19, por otro.
Al contrario, el informe añade que algunos países están adoptando también una serie de medidas que podrían tener consecuencias negativas para el medio ambiente y provocar un crecimiento potencialmente insostenible.
El estudio de la OCDE sobre las traslación de las medidas de recuperación verde al empleo, la distribución de la renta y el crecimiento económico, revela asimismo que los Gobiernos de los países miembro de la OCDE han movilizado fondos públicos por un valor de 312.000 millones de dólares estadounidenses para lograr una recuperación económica verde, de acuerdo con cálculos preliminares.
Al mismo tiempo, denuncia también el organismo multilateral que los paquetes de ayuda y los planes de recuperación económica incluyen también iniciativas para financiar proyectos «catalogados como ‘no ecológicos'», como por ejemplo las inversiones en el ámbito de la producción de energía basada en fósiles.
Para el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, es «alentador» comprobar que «muchos gobiernos están aprovechando esta oportunidad única para garantizar una recuperación verdaderamente sostenible», pero en su opinión «deben actuar con un mayor sentido ecológico e integrar plenamente la dimensión medioambiental en sus respectivos paquetes de ayuda».
Asimismo, durante la mesa redonda ministerial celebrada este lunes para abordar la cuestión, Gurría ha añadido que «se avecinan otros motivos de crisis inminentes» como son el cambio climático y la pérdida masiva de biodiversidad.
«Se nos acaba el tiempo para responder a esta problemática global. Las medidas de recuperación verde son una alternativa ventajosa para todos en cuanto pueden contribuir a mejorar las condiciones medioambientales, al tiempo que pueden impulsar la actividad económica e incrementar el bienestar general», ha alertado.
El análisis concluye que entre las economías de la OCDE y otras economías importantes, la mayoría de los países han incluido en sus estrategias de recuperación medidas dirigidas a apoyar la transición hacia economías más ecológicas, tales como subvenciones, créditos e incentivos fiscales para el transporte y la movilidad sostenibles, la ‘economía circular’ y la investigación en materia de energía no contaminante; ayuda financiera a las familias para mejorar la eficiencia energética y las instalaciones de energía renovable, o medidas de restauración de los ecosistemas, entre otras.
Por su parte, la ministra Teresa Ribera, ha manifestado que en el actual contexto en el que se pretende reconstruir las economías y reforzar la capacidad de resistencia y recuperación ante futuras crisis se debe «más que nunca» hacer frente a problemas de trascendencia mundial como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación de los océanos y el uso inadecuado de los recursos disponibles.
A la reunión presidida por Ribera han asistido los ministros de Clima y Medio Ambiente o de Transición Ecológica de los países miembros de la OCDE y de Costa Rica, así como el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea.
La Mesa Redonda forma parte de los preparativos para la Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE, que se celebrará los días 28 y 29 de octubre. La cita está presidida por España y vicepresidida por Chile, Japón y Nueva Zelanda.
La OCDE publicará el próximo 16 de septiembre el informe ‘Perspectivas Económicas Provisionales de la OCDE’, en el que según adelanta el organismo multilateral, se afirma que un período de precios bajos del petróleo permite generalizar la introducción de estrategias y/o mecanismos de tarificación de las emisiones de carbono y eliminar gradualmente las ayudas a los combustibles fósiles.
En ese contexto, indica que el sometimiento a gravamen de los modelos de producción y consumo perjudiciales para el medio ambiente puede contribuir no sólo a limitar los eventuales daños medioambientales, sino también a mejorar el rendimiento económico.
Finalmente, adelanta que de acuerdo con el informe es sumamente importante asegurarse de que las reformas de los impuestos energéticos no provoquen un aumento del porcentaje de hogares en situación de pobreza energética, ya que para conseguir un nivel de vida razonable es imprescindible contar con un acceso adecuado a los servicios e infraestructuras energéticos.
Otra de las recetas del informe pasa porque plantea que debe prestarse atención a los efectos de la distribución de los distintos mecanismos de fijación de precios como, por ejemplo, las tasas y los impuestos sobre los vehículos y el consumo de carburantes.
Del mismo modo, la reforma de las ayudas a los combustibles fósiles que, según datos de la OCDE y la AIE, ascendieron a 582.000 millones de dólares estadounidenses en 2019, debería ir acompañada de medidas de apoyo para la transición ecológica de industrias, comunidades, regiones y consumidores vulnerables.
Finalmente, el informe de la OCDE incide en la necesidad de supervisar y evaluar los efectos de las medidas de recuperación en las condiciones medioambientales, algo que no ocurrió tras la crisis global financiera de 2008.
El documento presenta 13 indicadores medioambientales, que sugiere utilizar para determinar el impacto de las medidas de recuperación económica, entre ellos, el índice de intensidad del carbono, la cuantía de las ayudas a los combustibles fósiles, el nivel de exposición a la contaminación atmosférica, el índice de estrés hídrico y la recaudación procedente de los impuestos medioambientales.
