El Gobierno ha vetado el debate en el Congreso de la proposición de ley registrada por Vox para eliminar en toda España el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, tributo cedido a las comunidades autónomas, al suponer un impacto presupuestario de unos 2.573 millones de euros.
Conforme a la Constitución, el Gobierno tiene capacidad para vetar la tramitación de iniciativas legislativas si considera que suponen una alteración de los Presupuestos, ya sea por un incremento del gasto o por un descenso de los ingresos.
En el documento remitido al Congreso, el Ministerio de Hacienda esgrime que esta propuesta «supondría un retroceso en la autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas» y sostiene que cualquier modificación del impuesto o de sus competencias normativas «debería realizarse de forma consensuada» entre el Estado y estas administraciones.
Hacienda asegura que la supresión del impuesto «debería plantearse en el marco de una reforma global del sistema de financiación y no de forma aislada» y que la compensación a las comunidades prevista en la reforma que propone Vox supondría unos 2.573 millones de euros, según la recaudación autonómica de 2017, último año con datos publicados.
En la presente legislatura, el Ejecutivo ya ha vetado otra proposición de ley para eliminar un impuesto, en este caso del PP, que buscaba acabar con el Impuesto sobre Patrimonio a través de la bonificación del 100% de la cuota del tributo.
VOX VE EL IMPUESTO COMO LA FIGURA TRIBUTARIA «MÁS POLÉMICA»
En este caso, Vox registró su proposición de ley el pasado mes de mayo para suprimir el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, a su juicio «la figura impositiva más polémica» del sistema tributario español ante la «elevada desigualdad en función de la región en la que se resida, donde se encuentren los bienes o derechos heredado.
Este impuesto se aplica tras la adquisición de los bienes y derechos a título gratuito, ya sea por medio de herencia, legado, donación o por ser beneficiario de contratos de seguros. Las comunidades autónomas tienen competencias normativas, de gestión, recaudación e inspección del mismo.
Vox justificaba la necesidad y conveniencia de la iniciativa ante «el brusco incremento en las cifras de fallecimientos registrados en España como consecuencia de la pandemia» y por ello abogaba por «una transformación de calado en el sistema tributario que ponga fin, de una vez por todas, a un impuesto cuya utilidad, operatividad y legitimidad están en entredicho».
