Las aplicaciones de mensajería, como WhatsApp o Telegram, que presten servicios en España tendrán la obligación de inscribirse en el Registro nacional de operadores de comunicaciones electrónicas y abonar la tasa que ya pagan actualmente los operadores tradicionales, según recoge el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones presentado este viernes por el Gobierno.
Esta es una de las novedades que recoge el texto de la nueva ley, que se somete desde este viernes a audiencia pública, y que incluye otros cambios como la supresión de las cabinas y las guías telefónicas del servicio universal, un refuerzo de la protección de los usuarios, la modernización del servicio de emergencias 112 o medidas para facilitar un clima inversor en el sector, entre otras.
En un encuentro con la prensa, el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, ha explicado que la nueva ley amplía por primera vez el ámbito de aplicación de la regulación a los nuevos tipos de agentes que prestan servicios de comunicaciones electrónicas, para lo cual se crea una nueva clasificación de operadores.
Sánchez ha remarcado que la irrupción de estos servicios de comunicación personal independiente de numeración ha modificado las pautas de uso de los consumidores, por lo que con este anteproyecto se incluyen algunos preceptos legislativos para lograr un «equilibrio en el terreno de juego» dentro de los límites marcados por el Código Europeo.
Además de su inscripción en el registro y del pago de la tasa de operadores, la nueva Ley incluye otras obligaciones a estas compañías, como tener medidas de seguridad e integridad de los servicios que prestan e incrementar la transparencia ante los usuarios de las condiciones de los mismos.
REGLAMENTO EUROPEO
La nueva Ley supondrá la transposición del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, aunque también incluye otros aspectos no incluidos en el mismo como la gestión del espectro radioeléctrico, las comunicaciones de emergencias, las infraestructuras de telecomunicaciones en los edificios o todo lo relativos a los equipos de telecomunicaciones.
El proceso de audiencia pública que se inicia este viernes estará abierto hasta el próximo 13 de octubre y está previsto que el anteproyecto se apruebe en Consejo de Ministros a principios de 2021 para después iniciar sus trámites parlamentarios, lo que supone incumplir el plazo fijado por Europa para trasponer el Código, que concluirá el 31 de diciembre de 2020.
En este sentido, Sánchez ha indicado que, aunque es difícil predecir lo que puede durar la tramitación parlamentaria, esta podría durar entre cuatro y seis meses, según lo que considere la Mesa del Congreso, y la nueva Ley General de Telecomunicaciones podría entrar en vigor a finales de segundo trimestre o en el tercer trimestre de 2021.
