El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha trasladado al ministro de Universidades, Manuel Castells, su desacuerdo con el segundo borrador del Anteproyecto de Ley del Estatuto del Personal docente e investigador tras argumentar que la propuesta «enmaraña la carrera universitaria», ya que el Ministerio no es claro ni en el procedimiento de consulta ni en el contenido del documento trasladado.
El borrador sobre el Estatuto del Personal docente e investigador se ha presentado este viernes a las comunidades autónomas en el transcurso de la Conferencia General de Política Universitaria, según ha informado la Consejería por medio de una nota.
El titular andaluz de Universidades ha explicado que la objeción formal al acuerdo reside en su propia naturaleza. A juicio de Velasco no se entiende por qué el documento se denomina ‘Valoración del Segundo Borrador del Anteproyecto de Ley del Estatuto del PDI’ cuando se anunció que en septiembre se iniciaría el periodo de consulta pública formal.
Velasco ha indicado que «esta reforma, de salir adelante, marcará profundamente el futuro de la universidad española. El principal acervo universitario y científico es el humano, por lo que esta iniciativa tendrá un gran impacto en el sistema universitario».
A su juicio, «lamentablemente, el análisis inicial del borrador deja más interrogantes que respuestas y creemos que algunos de los cambios que proponen pueden afectar seriamente a la calidad del sistema».
El segundo borrador presentado por el Ministerio incluye la creación de dos nuevas figuras de profesor contratado: el profesor titular contratado y el catedrático contratado, al mismo tiempo que se mantienen las figuras de profesor titular de universidad (PTU) y catedrático de universidad (CU) como cuerpos docentes funcionarios.
En la vía funcionarial, la acreditación se reserva a la Aneca, mientras que para las figuras laborales, la acreditación pueden realizarla, además, las agencias autonómicas.
El consejero andaluz ha recalcado que «el preámbulo de este anteproyecto no aporta ninguna razón sobre este cambio sustancial del sistema universitario español, que hasta ahora se sustentaba en cuerpos docentes de titulares y catedráticos sometidos a la misma regulación y criterios de acreditación por la Aneca».
Velasco ha considerado que «la desfuncionarización de los cuerpos docentes genera mucha incertidumbre. Primero, porque supone una pérdida importante de estabilidad laboral e independencia del PDI, que es uno de los principales incentivos para la incorporación de personal de excelencia que tiene la universidad española. Segundo, porque la contratación de estos profesores se regulará a través de normativa autonómica y habrá disparidad en los requisitos de acceso establecidos por las agencias autonómica».
Este segundo borrador establece que los criterios de acreditación de las figuras de profesorado Titular y Catedrático laboral serán equivalentes a los criterios establecidos para las figuras de Titular y Catedrático/a de Universidad.
El consejero ha considerado que «esto ahonda más en la confusión generada al crear dos cuerpos de personal laboral con idéntica denominación que dos cuerpos de funcionarios».
Ha apuntado Velasco que «si se establecen los mismos criterios de acreditación, ¿cuál es el motivo que justifica crear dos cuerpos de la laborales en paralelo a los cuerpos de funcionarios?».
Según su criterio, si se denominan igual, tienen idénticas funciones y mismos criterios de acreditación, lo lógico es que sólo exista un cuerpo de funcionarios.
«Resulta incoherente mantener las dos vías de manera paralela y, si se hace, deberían explicarse las razones para ello», ha explicado Velasco.
DISCREPANCIAS EN EL NÚMERO DE PDI
Otra de las críticas de la administración andaluza al borrador se refiere a los datos aportados para justificar la precariedad existente entre el PDI. En el Preámbulo del Estatuto se anuncia como objetivo de la reforma la eliminación de esta precariedad, que se concentra en buena medida entre el profesorado asociado.
Según el dato del Ministerio, se contabilizan un total de 33.954, «un 34,1% del conjunto del PDI de las Universidades Públicas». Según datos de la Consejería de Transformación Económica, en Andalucía, ese porcentaje no alcanza al 8% del profesorado.
El borrador del Gobierno abre vías excepcionales para mantener a este personal sin la exigible concurrencia competitiva.
Velasco ha afirmado no coincidir con este mecanismo. «Entendemos que el proceso debe consistir en dar a este personal la posibilidad de optar a una plaza de profesor ayudante doctor tras la correspondiente acreditación. Así lo estamos haciendo en Andalucía», ha explicado.
El consejero de Transformación Económica ha indicado que el propósito de regularización del profesorado en condiciones precarias debe ir acompañado necesariamente de una memoria económica.
«Si esta medida no viene acompañada de un incremento de financiación para la contratación de profesorado a tiempo completo, no se conseguirá disminuir la precariedad en la universidad», ha apuntado.
