«Este fallo histórico es un paso importante en la búsqueda de la justicia que, por décadas, ha sido negada en El Salvador a las víctimas del conflicto armado». Esta ha sido la reacción de Amnistía Internacional España tras conocer la sentencia de la Audiencia Nacional, que condena al excoronel y exviceministro de defensa salvadoreño Inocente Montano por el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas en 1989
La directora de la organización, Erika Guevara Rosas, ha apuntado que esta sentencia recuerda «la enorme deuda que tienen las autoridades salvadoreñas en garantizar verdad, justicia y reparación». A su juicio, es «inadmisible» que, en El Salvador, a casi 30 años desde la firma de los Acuerdos de Paz, «se siga permitiendo que los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado escapen de la justicia y gocen de impunidad».
Guevara ha señalado que las autoridades salvadoreñas tienen bajo su conocimiento «varias causas sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado» y, por ello, insta a «todas las autoridades estatales, incluyendo al presidente» del país, a «dar pasos decididos y contundentes encaminados a garantizar, de una vez por todas, los derechos de las víctimas del conflicto armado».
Sobre este tema también se ha referido la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que considera este juicio de caracter subsidiario, porque se ha pdido seguir «desde cualquier parte del mundo», pero creen que proceso judicial debería ser realizado en El Salvador.
UN «SERVICIO» A LA VERDAD
Aún así, dan una gran importancia al proceso, por encima de la propia condena, «por el extraordinario servicio a la verdad» que ha conllevado. «A través de las pruebas y los testimonios presentados, ha quedado patente el sistema de encubrimiento e impunidad que ha manejado la Fuerza Armada, y en cierto modo el Estado salvadoreño, frente a las gravísimas vulneraciones de los Derechos Humanos cometidas durante la guerra civil en El Salvador», apunta.
A su juicio, se ha evidenciado con claridad que la Fuerza Armada, y en particular la promoción de la Escuela militar de 1966, funcionó «desde el poder como una maquinaria criminal y encubridora de graves atentados contra la ciudadanía salvadoreña y el estado de derecho», valiéndose «de un poder de facto que sobrepasa las funciones y derechos que le otorga la constitución salvadoreña a la institución armada».
La universidad quiere que la Fuerza Armada, a nivel institucional, pida perdón y coopere con la justicia abriendo sus archivos. Hasta que no lo haga, indica, «difícilmente podrá ser considerada una institución democrática y respetuosa de los derechos humanos».
«Tenemos la confianza que la resolución de este juicio en España ayudará tanto a la conciencia nacional como al sistema judicial salvadoreño a dar pasos reales en favor de la verdad y la justicia, no solo en el denominado caso jesuitas, también en todos los casos pendientes de graves violaciones a los Derechos Humanos», ha apuntado.
