La Fiscalía Provincial de Albacete ha dictado un decreto este jueves por el que «se archivan las diligencias de investigación penal abiertas por como se llevó a cabo el confinamiento de los trabajadores temporeros que se encontraban en el asentamiento de la carretera de las Peñas, cuando se detectó un brote de contagios por COVID-19».
Así lo ha indicado el Consistorio de Albacete en un comunicado, en el que ha valorado el decreto de la Fiscalía que «exonera de responsabilidad al Ayuntamiento por su participación en la gestión de esta crisis sanitaria y social».
Entre otras cosas, el decreto recoge que el Ayuntamiento «no hizo dejación de sus funciones», sino que intervino de conformidad a sus competencias sociales y asumió la limpieza de las instalaciones donde fueron confinadas estas personas –primero en el Ifab y después en pabellones–; aportó el personal para este servicio, también personal de seguridad, instaló aseos portátiles y papeleras.
Además, señala que la división de los confinados en grupos de 25 personas en distintos pabellones polideportivos, que se decidió el 5 de agosto, vino a solucionar las dificultades de sectorización que había en el recinto del IFAB. Dificultades que venían dadas tanto por motivos técnicos, como de seguridad y por una «falta de claridad del auto [judicial] en la definición de las obligaciones».
El expediente judicial de confinamiento no fue notificado oficialmente al Ayuntamiento de Albacete hasta el 5 de agosto, 19 días después del inicio de la crisis pero la resolución que confirmó el confinamiento, «no concreta las obligaciones de cada una de las administraciones», afirma el Fiscal, pues únicamente indica una obligación genérica de coordinación, sin concreción.
Pese a ello, tal y como reconoce el Ministerio Público en su decreto de archivo, el Ayuntamiento «actuó ejerciendo sus competencias en el orden social».
