CSIF espera alcanzar «en los próximos días» un acuerdo con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública sobre una regulación básica del teletrabajo para personal funcionario y laboral de todas las administraciones públicas, si bien pide que sea voluntario, reversible, con derecho a desconexión y que no suponga coste económico para los trabajadores.
La organización ha indicado en una nota que confía en que se llegará a un acuerdo «a lo largo de los próximos días» para regular esta cuestión con carácter básico, en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público, y a partir de ahí el resto de administraciones podrá desarrollar su propia norma.
En la negociación Función Pública ha planteado que el teletrabajo en las administraciones sea voluntario y reversible, que tengan los mismos derechos y deberes en función de las normas que se dicten en desarrollo del Estatuto, entre otros puntos.
El sindicato recuerda que el pasado 17 de junio CSIF ya alcanzó un acuerdo pionero, vigente hasta el final de la pandemia, en el que se establecían criterios de organización para que la plantilla de la Administración General del Estado pudiera trabajar tanto de manera presencial en el puesto de trabajo, como no presencial, desde sus domicilios durante la nueva normalidad.
En línea con este acuerdo, CSIF defenderá en la negociación un «amplio marco legal», con garantías para el conjunto de los EEPP, que permita la implementación del mismo en condiciones ordinarias y en circunstancias extraordinarias.
Más allá de la situación excepcional de pandemia CSIF considera que las administraciones públicas deben de ser «punta de lanza» en la aplicación del teletrabajo en la sociedad española, como ocurrió en su momento con otros derechos laborales como el permiso de paternidad.
GARANTÍAS Y REGULACIÓN DEL TELETRABAJO
La organización sostiene que el teletrabajo es una medida que debe favorecer la conciliación de la vida laboral y personal, flexibilizar horarios de una manera más racional, prevenir riesgos laborales y proteger la salud, además de disminuir el impacto ambiental, reducir costes en infraestructuras y mejorar la integración de personas con discapacidad o en rehabilitación tras enfermedad.
No obstante, subraya que debe llevar unido una regulación que evite el abuso en los horarios de trabajo, se garantice la protección de datos, reconozca el derecho a la desconexión, que se adapte de manera conveniente al domicilio para evitar otros riesgos laborales y que no ocasione un gasto a la persona trabajadora.
Por ello, CSIF defenderá en la negociación que el teletrabajo sea voluntario y reversible, que no conlleve pérdida de condiciones laborales y retribuciones, que se faciliten los equipos necesarios (ordenador, teléfono corporativo, silla ergonómica).
