La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, va a iniciar el lunes con el PP una ronda de contactos con los portavoces de los grupos parlamentarios para afrontar el nuevo curso político, que tiene como primer gran reto la negociación y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y que llega tras la primera gran derrota del Ejecutivo: la derogación del decreto ley sobre los remanentes municipales.
La ronda tenía previsto arrancar este jueves, con los encuentros de la vicepresidenta con la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, y con el de Unidas Podemos, Pablo Echenique. Sin embargo, el Pleno del Congreso se ha alargado más de lo previsto y Calvo se ha visto obligada a posponer estas reuniones, por motivos de agenda, según explican a Europa Press fuentes de su equipo.
Finalmente será el PP el primer partido con el que se siente Calvo, en su calidad de ministra de Relaciones con las Cortes, en el marco de esta ronda de contactos, en un momento especialmente tenso en las relaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, por la negativa de los ‘populares’ a negociar la renovación de los órganos constitucionales y los Presupuestos.
El presidente Pedro Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado, protagonizaron el pasado miércoles un duro cruce de acusaciones en la primera sesión de control parlamentario de este nuevo curso político, en la que el jefe del Ejecutivo denunció el «bloqueo» y el incumplimiento de la Constitución por parte del principal partido de la oposición, mientras que el presidente de los ‘populares’ acusó al Gobierno de mentir «masivamente» a los españoles.
Tras la reunión con el PP, Calvo tiene previsto reunirse con los portavoces del resto de grupos, a excepción de Vox. El partido que lidera Santiago Abascal rechazó ya desde el inicio de la legislatura mantener cualquier tipo de contacto con el Gobierno de Sánchez.
PRESUPUESTOS, LEY DE VIVIENDA O LEY DE MEMORIA, EN EL CALENDARIO
El objetivo de esta serie de reuniones, según las fuentes consultadas, es tratar con los grupos parlamentarios el inicio del curso político y el nuevo plan normativo que aprobó el Gobierno en el Consejo de Ministros del pasado martes, para reordenar la agenda legislativa del Ejecutivo hasta final de año, y que se ha visto alterada por la necesidad de hacer frente a la pandemia del coronavirus.
La propia Calvo adelantó entonces que el Ejecutivo tiene previsto impulsar, antes de que acabe el año, 171 propuestas –un proyecto de reforma constitucional, 3 leyes orgánicas, 53 leyes ordinarias y 114 reales decretos–, para las que el Gobierno de coalición necesitará negociar con los grupos para contar con los apoyos necesarios, habida cuenta de que el PSOE y Unidas Podemos no suman en el Congreso la mayoría absoluta.
Entre esas iniciativas destacan, además de los Presupuestos, el proyecto de ley de memoria democrática –que será el primero que vea la luz, en el Consejo de Ministros del próximo martes–; medidas para continuar con la derogación de la reforma laboral del PP; o una Ley de Vivienda que entre otras abordará los precios de los alquileres.
FALTA DE APOYOS PARLAMENTARIOS
La falta de apoyos garantizados del Gobierno se ha demostrado este mismo jueves, con la derogación en el Congreso del decreto que recoge el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la cesión de los remanentes de los ayuntamientos.
El Ejecutivo no sólo ha tenido enfrente a PP, Vox, Ciudadanos o Junts, como era de esperar, sino también a las fuerzas que apoyaron la investidura de Sánchez –ERC, PNV, Más País, Compromís, Nueva Canarias, BNG–, a excepción del diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, quien votó telemáticamente a última hora del miércoles pensando que el texto saldría adelante al aceptar la mayoría de grupos la propuesta que les hicieron llegar desde Hacienda durante la tarde.
Además, el PSOE sólo ha sumado a sus socios de coalición de Unidas Podemos y sus confluencias tras un acuerdo alcanzado ‘in extremis’, apenas horas antes de la votación, pero que finalmente no ha sido suficiente para convencer al resto de partidos.
En este contexto, el Gobierno está haciendo un llamamiento a la «unidad» a todas las fuerzas políticas y a dejar a un lado los veto, para poder sacar adelante los que ha bautizado como «Presupuestos para la Reconstrucción», que defiende como necesarios para seguir haciendo frente a la pandemia y para vehicular los 140.000 millones de fondos europeos.
Para ello, se ha marcado como objetivo no sólo «consolidar» la mayoría de la investidura de Sánchez, sino también ensanchar esa base de apoyos y sumar a formaciones como Ciudadanos, un partido con el que Sánchez y la parte socialista ha demostrado una especial sintonía durante los últimos meses.
CIUDADANOS VS ERC
No obstante, esta estrategia ha generado malestar y recelos entre sus socios de Unidas Podemos, tal y como públicamente ha mostrado el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en numerosas ocasiones, advirtiendo de que un acuerdo con Ciudadanos para las cuentas públicas es «inviable», y reclamando la necesidad de limitarse a negociar con las fuerzas progresistas que apoyaron la investidura, especialmente, en ERC.
Todos estos temas estarán inevitablemente sobre la mesa durante las reuniones que Calvo mantendrá con los grupos la próxima semana, así como la crisis política catalana, que el Gobierno tiene previsto retomar con la Generalitat próximamente, con un nuevo encuentro de la mesa de diálogo, aún sin fecha.
