La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha cuestionado este jueves en el Congreso que la regulación financiera deba priorizar proyectos contra el cambio climático y ha apostado por animar y comprobar que los bancos incorporan en sus análisis de riesgos el impacto de los factores que rodean la transición energética.
Así lo ha expuesto en su intervención ante la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de la Cámara Baja, a la que ha acudido para intervenir en la ronda de comparecencias programadas en torno al proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que tramita el Congreso.
«La regulación financiera ni puede ni debe liderar este proceso, ni mucho menos sustituir la potencial inacción de otros actores que contarían con instrumentos muchos más adecuados«, ha manifestado Delgado, en torno a la posibilidad de una regulación contribuya a acelerar la transformación de la economía o que haya un «tratamiento prudencial diferenciado para exposiciones consideradas ‘verdes».
Para Delgado, «cualquier factor regulatorio adicional implicaría, como mínimo, un ‘doble cómputo’ de los riesgos en el capital, lo que introduciría incentivos perversos y reduciría la sensibilidad al riesgo del marco».
En este sentido, ha expuesto las «dudas» del supervisor financiero respecto a tutelar a través de normas la transición energética. En el Banco de España no estaríamos al 100% a favor de apoyos regulatorios que obligaran a transitar a la economía de manera muy estricta o encasillada», ha dicho.
Así, ha dicho que la tarea de los bancos es introducir en su estructura de control interno y medición de riesgos estos factores medioambientales y de transición.
«Si son capaces de internalizar estos costes, no sería necesario introducir estos factores regulatorios, que pueden crear numerosas distorsiones en cuanto a la financiación, e impidiera probablemente que llegue a sectores que están más necesitados», ha abundado.
NO DISPONE DE UN IMPACTO ECONÓMICO DE LA LEY
En su exposición, ha explicado que los supervisores solicitan a las entidades financieras «que midan adecuadamente los riesgos asociados a este proceso de transformación«, de tipo físico –serían efectos directos del cambio climático, como tormentas, inundaciones u otras catástrofes– y de transición, como riesgos sobre acreditados ante medidas regulatorias, cambios tecnológicos o la preferencia de los clientes.
En este sentido, ha asegurado que «si la banca identifica, cuantifica y repercute en precio y capital los riesgos climáticos, se convierte en un ‘facilitador‘ de la transición, al canalizar la financiación de aquellas actividades que contribuyen más a la transformación sostenible de la economía».
Respecto a la Ley de cambio climático, Delgado ha situado esta potencial norma como «una ley de principios», marcando objetivos y una senda. «Permite dar una serie de seguridad jurídica, para ver a dónde vamos», ha dicho, señalando que, ante este cambio estructural y el consecuente «trasvase de recursos entre sectores y empresas» es, a su juicio, «fundamental saber cuándo se implementen» y «cómo se van a producir esos choques».
Ante el interés de varios grupos por conocer el impacto en la economía de las medidas incluidas en el proyecto de ley, Delgado ha informado a la Comisión de que el Banco de España aún no dispone de un impacto económico de esta nueva norma, y que se encuentran trabajando en el impacto sobre diferentes escenarios y en la metodología para distintos escenarios de estrés.
