La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha defendido este jueves que es competencia del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero «la persecución de los responsables de las víctimas de trata y prostitución«, así como ha pedido a dicho departamento del Gobierno central que «cierre los prostíbulos» haciendo uso de sus competencias.
En respuesta a una pregunta que en la sesión de control al Gobierno andaluz le ha formulado la diputada de Adelante Ana Villaverde, la consejera de Igualdad ha agregado que los centros que pudieran ser prostíbulos tienen en Andalucía «licencia de apertura» como «centros de masaje u hoteles, y no los podemos cerrar nosotros».
Además, ha remarcado que la Junta exige a la ministra de Igualdad «una ley estatal» para «la erradicación de la trata y el tráfico de mujeres», además de «medidas coordinadas, integradas, de verdad, contundentes; no parches ni titulares populistas», según ha aseverado.
La consejera se ha pronunciado así después de que la diputada Ana Villaverde le haya preguntado si el Gobierno andaluz va a «cerrar los prostíbulos» y, si es así, «en qué condiciones y con qué alternativas para las trabajadoras sexuales y mujeres que ejercen la prostitución».
ADELANTE: «CUANTO ANTES SE CIERREN» LOS PROSTÍBULOS, «MEJOR»
La diputada de Adelante ha manifestado que «el cierre de clubes es fundamental para proteger a las trabajadoras sexuales», que son quienes más «se exponen a riesgos para su salud» tanto en el marco de esta pandemia como antes de que ésta se iniciara, y «cuanto antes se cierren» estos centros, «mejor», pero «la cuestión es en qué condiciones», según ha apostillado.
Al hilo, ha criticado que, «mientras por un lado se les señala» a las prostitutas «como potenciales transmisoras del virus, al mismo tiempo no se les ofrecen alternativas y se les condena a situaciones de pobreza extrema, o bien a seguir ejerciendo en condiciones aún peores y de mayor inseguridad», y en ese sentido ha advertido de que, «cuando se cierra un club, se cierra en muchos casos el techo bajo el que viven» estas mujeres, «o su forma de sobrevivir«.
Ha lamentado que «la ausencia de derechos de la que parten» estas trabajadoras «hace que no puedan acogerse a un ERTE» –expediente de regulación temporal de empleo–, o que se las «excluya de facto de ayudas para el alquiler para colectivos vulnerables». «Por no tener, no está claro ni el acceso al Ingreso Mínimo Vital, que deja fuera a quienes no se acreditan como víctimas de violencia y trata», según ha apostillado.
La consejera de Igualdad ha respondido que «ya se han realizado muchísimas acciones» desde la Junta en este ámbito, y «hay un plan de contingencia COVID» y «un protocolo específico» por el que desde el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) se ha ofrecido «información y asesoramiento con una primera asistencia», así como «recursos habitacionales».
En virtud de este protocolo, «todas las entidades y ONG especializadas que se han acreditado a través del Ministerio son las que tienen la potestad y competencia para encargar que sean acreditadas mujeres en situación de víctimas de trata y prostitución», según ha explicado la consejera, que ha concretado que con esa acreditación se puede acceder en Andalucía a dichas «medidas de recurso habitacional y apoyo económico».
