Podemos, que ejerce la acusación popular en la causa contra la familia Pujol Ferrusola, solicita para el expresidente de Cataluña Jordi Pujol una pena de hasta 20 años de prisión por los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal. Esta pena podría verse reducida a 16 años en caso de que se estime la figura de asociación ilícita en lugar de la de organización.
De igual forma, solicita en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el partido ‘morado’ interesa para la mujer del expresidente Pujol, Marta Ferrusola, penas que irían de los 13 a los 17 años de prisión por asociación ilícita –subsidiariamente organización criminal– y blanqueo de capitales. Apunta Podemos que el papel de Ferrusola, al igual que el de Jordi Pujol, en esa asociación ilícita era la de dirección.
La petición de penas asciende en el caso del primogénito del clan familiar, Jordi Pujol Ferrusola, para quien esta parte pide 50 años y seis meses de prisión por asociación ilícita, blanqueo, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública en relación al IRPF de hasta cinco años de 2007 a 2012. Al igual que ocurre con sus padres y hermanos, estas penas pueden verse incrementadas en caso de que se decida que cuadra más el delito de organización criminal que el de asociación ilícita, por lo que llegaría a los 54 años y seis meses.
La formación ‘morada’ señala en su escrito que existen indicios de que la familia Pujol Ferrusola ha aprovechado «su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante decenios, para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».
Ya a mediados de julio, el juez instructor de esta causa en la Audiencia Nacional, José de la Mata, propuso enviar a juicio al expresidente, a su mujer Marta Ferrusola y a sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal.
En el auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado y que ponía fin a la investigación de la pieza principal de este caso, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 consideraba que los hechos serían constitutivos de delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
Además de toda la familia Pujol Ferrusola, el magistrado procedía también contra otras 18 personas que habrían participado o colaborado en las actividades ilegales, entre ellos la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, o los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol.
Según el auto, la investigación, que se ha alargado más de siete años, ha acreditado que parte de esas «actividades corruptas» que habría cometido la familia coincidieron en el tiempo con la Presidencia de la Generalitat de Cataluña que ostentó Jordi Pujol entre 1980 y 2003.
PETICIÓN DE PENAS
Tras las penas solicitadas para el matrimonio y el hijo mayor, la siguiente más elevada es la que se interesa para la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironés. Se pide hasta 44 años de cárcel por delitos de asociación ilícita –subsidiariamente organización criminal–, blanqueo, falsedad documental y delitos contra la hacienda pública por el IRPF de 2007 a 2012.
Para el resto de hermanos, la petición de penas oscilan desde los seis años que solicitan para Marta y Mireia Pujol Ferrusola, hasta los 18 años y seis meses que se interesan para Josep Pujol Ferrusola, pasando por los 9 que piden para Oleguer, Oriol y Pere. A todos ellos se les imputan delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.
Sobre el origen de la fortuna del ‘clan Pujol’, la acusación popular de Podemos señala que «existen indicios sólidos que acreditan que no proviene, como se alega por los miembros de la familia, de una herencia familiar procedente de Florensi Pujol Brugat.
LA FUENTE DE LA FORTUNA: PAGOS ILÍCITOS
Al hilo, apuntan que el origen en ocasiones se sitúa en «pagos ilícitos realizados por terceras personas», en su mayor parte vinculadas con distintas empresas, que realizaban abonos millonarios a la familia disimulados bajo distintas estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales.
Como contraprestación a esos pagos, las empresas lograban la influencia de la familia Pujol «en adjudicaciones, cambios decalificación urbanística, adjudicación de concesiones, etc., a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán».
La acusación sostiene además que en otras ocasiones, otros muchos casos, no había vinculación específica entre el pago a los Pujol a cambio de una adjudicación, sino que se realizaba «para crear o mantener una buena relación con la familia».
Recuerdan asimismo que «el liderazgo de la organización» estaba encarnado en el expresidente Jordi Pujol y su mujer MartaFerrusola Lladós quien, de hecho, se autodenominaba la «madre superiora de la congregación». Debajo de estos, y siguiendo sus instrucciones, se encontraban Jordi Pujol Ferrusola («el capellán de la parroquia»), y coordinada con éste su cónyuge, y socia, Mercè Gironés.
MULTA POR EL BLANQUEO DE 123 MILLONES
Además, Podemos señala que los miembros de la familia Pujol-Ferrusola, incluida Mercè Gironés, deberán responder directa, conjunta y solidariamente por la pena de multa de los delitos continuados de blanqueo cometidos como directores o miembros activos dela asociación ilícita o grupo criminal al que pertenecen, y cuantifican el valor de los bienes blanqueados en más de 123 millones de euros.
A esa cantidad, indican, deben hacer frente en distintas proporciones. Así, el expresident debería responder por el diez por ciento, su mujer por el cinco, Jordi Pujol Ferrusola por el 25 por ciento y el resto por porcentajes que varían entre el cinco y el diez por ciento.
En su escrito de acusación, Podemos también pide el comiso de las comisiones ilícitas recibidas, de las ganancias y de las cantidades obtenidas por la facturación ilícita de las empresas de las que eran titulares os acusados, y que ascienden a más de seis millones de euros.
Asimismo, señalan que procede el decomiso de las cantidades recibidas de manera irregular por el partido político ConvergenciaDemocrática de Cataluña (CDC) que ascienden a 2,2 millones de euros.
Por otro lado, interesan la declaración en calidad de testigos de hasta 128 testigos, entre los que se encuentra la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez.
