Sostiene que no hay cohecho porque Villarejo ya no era comisario cuando se reunieron, y que no hay prueba de que se realizara el encargo
La defensa de la empresaria y examiga del rey emérito Corinna Larsen ha solicitado al juez de la macrocausa ‘Tándem’ que se suspenda la declaración de su patrocinada, programada para el 28 de septiembre, y el archivo de las actuaciones de la pieza número 7 –‘Carol’– apoyándose en la postura de la Fiscalía Anticorrupción sobre el auto de reapertura de esta causa.
En esa pieza, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, investiga el posible encargo en 2016 de Larsen al comisario jubilado y en prisión preventiva, José Manuel Villarejo, para obtener datos sobre una asistente personal de nacionalidad española que pudiera estar filtrando información sobre su vida privada.
Pero en el escrito de la defensa, se pide que se estime el recurso de reforma y subsidiariamente de apelación que ya presentaron contra el auto de reapertura de la pieza, en el mes de julio, y que por tanto se acuerde el sobreseimiento y archivo de la misma porque no ha quedado debidamente justificada la perpetración del delito y porque faltan «ineludibles presupuestos de procedibilidad».
Para sostener esta petición se apoyan en la conclusión de Anticorrupción del 4 de septiembre, en la que se decía que cuando el magistrado decidió reabrir el asunto lo hizo apoyándose en las grabaciones requisadas en la vivienda de Villarejo, y le recordaban al juez que ya tuvo conocimiento de las mismas en febrero de 2019 y entonces no reabrió el caso.
Además, recuerda el letrado de Corinna que según ese informe del Ministerio Fiscal, «no ha tenido lugar el hallazgo de ningún otro dato vinculado al encargo referido que corrobore objetiva y mínimamente que éste llegara a ejecutarse».
Al hilo, añade que ese escrito de Fiscalía ponía el foco en que si bien el juez en su auto de reapertura sostenía que Villarejo recibía el encargo de Corinna cuando estaba en activo en la Policía, lo cierto es que se jubiló el 22 de junio de 2016. «Es decir, meses antes de que se produjeran dichas conversaciones con fecha de 7 de octubre de 2016», argumenta.
Con estas fechas, la defensa sostiene que es evidente que no se pudo cometer el supuesto delito de cohecho internacional porque Villarejo ya no era comisario, además de que no existe dato que corrobore que el encargo se llegara a producir.
LA QUERELLA DE FISCALÍA
A esto, suma que no se ha presentado querella por parte de Fiscalía, y esto es «requisito de procedibilidad ineludible para perseguir en España delitos cometidos por españoles y extranjeros fuera de territorio nacional».
Por otro lado, la defensa indica en su escrito que parecida conclusión se alcanza sobre el supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido en España. Así, añade que además de que no existen datos que corroboren que se ha realizado el hecho, no se ha presentado denuncia por parte del agraviado.
