La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este martes que el Ejecutivo tiene en su calendario normativo la reforma de la Constitución que permitirá eliminar del artículo 49 el término ‘disminuido’. Se trata de una iniciativa que se llegó a acordar en el Congreso en 2018, pero su tramitación se vio paralizada por la convocatoria de elecciones de Pedro Sánchez en abril de 2019.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Calvo ha explicado que entre las leyes que el Gobierno espera impulsar antes de que acabe el 2020 está esta medida. «Esperamos que salga por unanimidad de todo el arco parlamentario», ha declarado.
Esta iniciativa ya contó con el apoyo generalizado de la Comisión de Políticas para la Discapacidad de la Cámara baja. A este órgano encargó Calvo, en octubre de 2018, un texto alternativo al artículo 49 de la Carta Magna, en respuesta a la petición realizada por el Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
El objetivo de la comisión era, además de cambiar el término ‘disminuido’ por ‘personas con discapacidad’, incluir en el artículo 49 otros puntos que incidieran en los derechos de este colectivo.
TRAMITACIÓN PARALIZADA
Así, el texto propuesto quedó acordado de esta manera: «1) Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este título en condiciones de igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación; 2) Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar una vida participativa, autónoma e independiente a las personas con discapacidad; 3) Se regulará la protección reforzada de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes; 4) Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos».
Esta redacción fue aprobada por el Consejo de Ministros, en el mes de diciembre de dicho año, un anteproyecto de reforma que debía ser convalidado por el Congreso. Finalmente, este proceso quedó paralizado por la convocatoria de elecciones que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó para el 28 de abril y la consecuente disolución de las Cortes en el mes de marzo.
Tras realizar este anuncio, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha mostrado su satisfacción al respecto y ha manisfestado que espera «una pronta remisión» al Parlamento del texto, al tiempo que ha apelado al «máximo consenso posible de las fuerzas políticas».
