La licitación pública acumulada en los siete primeros meses del año fue de 7.345 millones de euros por parte de todos los organismos nacionales, lo que representa una caída del 36% respecto al mismo periodo del año pasado, afectada principalmente por la crisis económica desatada a raíz del confinamiento decretado para frenar el avance del coronavirus.
Según las últimas estadísticas de la patronal de las grandes constructoras, Seopan, los ayuntamientos fueron los que más actividad licitadora experimentaron en este periodo, alcanzando los 3.200 millones de euros, un 13,3% menos, seguidos de las Comunidades Autónomas, que congregaron 2.700 millones de euros, un 31,4% menos.
Las únicas regiones que las incrementaron respecto a los primeros siete meses de 2019 fueron Galicia, que está a la cabeza con un 73,1% más, seguida de Baleares, un 11,1% más, y la Comunidad Valenciana, un 2,4% más.
Por el contrario, Aragón, con un descenso del 80,8% fue la que más al contrajo, seguida de Asturias, con un 73,2% menos; Cantabria, un 72,2% menos; Canarias, un 62,4% menos; y Navarra, un 61,7% menos.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que es el que más obra pública concentra y cuyo apartado de movilidad ha sido uno de los más afectados por la restricción a los movimientos derivados de la pandemia, acaparó 1.018 millones de euros en licitación pública, reduciéndola en cerca de un 70% respecto al mismo periodo del año anterior.
Dentro del Departamento que dirige José Luis Ábalos, la DGT rebajó en un 78,5% sus licitaciones, mientras que Adif lo hizo en un 73,8%, Aena en un 53,9%, las Autoridades Portuarias en un 16,6% y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) en un 95,5%.
Por ejemplo, la reducción en las licitaciones nacionales en las carreteras ha pasado de 294,7 millones de euros en julio del año pasado a los escasos 15 millones el mismo mes de este año. De hecho, las licitaciones de la DGT han permanecido en cero desde febrero hasta julio.
Al margen de la licitación en transportes, teniendo en cuenta el tipo de obra anunciada, las de equipamiento social fueron las que más recursos económicos acapararon, con 1.500 millones destinados a infraestructuras docentes, sanitarias y deportivas, que, no obstante, también se redujeron en un 21,3% aunque 15 puntos menos que el conjunto de la licitación.
