La Real Federación Española de Fútbol aseguró este lunes que es «imprescindible disponer de las máximas garantías» para poder iniciar la próxima temporada en las competiciones nacionales no profesionales y por ello demandó la puesta en marcha de un plan por el que las autoridades den las pertinentes garantías «sanitarias y jurídicas», negando además que haya solicitado que empiecen a partir de 2021.
La RFEF mantuvo este lunes una reunión con las Federaciones Territoriales para estudiar «cómo y cuándo» se pueden iniciar estas competiciones, debido al cambio de escenario que se está produciendo con el coronavirus, y volvió a insistir en la necesidad de que se den las garantías para poder hacerlo.
«La RFEF considera imprescindible disponer de las máximas garantías para comenzar de inmediato las competiciones de la próxima temporada y aboga, junto al resto de federaciones de deportes de equipo, por un ‘Plan Transversal’ avalado por los poderes públicos que ofrezca esas garantías sanitarias y jurídicas para los jugadores y resto de actores, los responsables de los clubs y los organizadores», señaló en un comunicado.
En este sentido, el organismo calificó de «completamente falso» que haya «propuesto» que estas competiciones no empiecen hasta enero de 2021 «o más adelante», y recalcó que, «desafortunadamente», ya está «acostumbrada a estas campañas con continuas falsedades orquestadas con el objeto de desacreditar, desinformar y crear incertidumbre».
«En este caso, además, es aún más patente puesto que la RFEF acordó un marco de actuación global junto a otras ocho federaciones deportivas españolas que nada tiene que ver con lo publicado este fin de semana por algunos medios», añadió.
La RFEF reiteró que «su preocupación principal es la salud de todos los federados y gente del mundo del fútbol», tal y como demostró «al suspender diversos partidos ante el más mínimo riesgo del que se tuvo conocimiento» como los del ‘playoff’ de ascenso a Segunda B, y que esta preocupación fue también «compartida desde el inicio por los sindicatos y asociaciones de jugadores, así como por los presidentes de clubs y sus consejos o juntas directivas.
AL TANTO DE «LA DELICADA SITUACIÓN» DE LOS IMPLICADOS
El organismo que preside Luis Rubiales cree que ahora es «esa misma preocupación» la que debe mover «a todos sin excepción» y que «la seguridad sanitaria debe ser compatible con la vuelta a las competiciones de manera inminente».
«No se nos escapa la delicada situación que puede acarrear tanto a las federaciones deportivas españolas como a sus respectivas Federaciones Territoriales y a los clubs y deportistas que pertenecen a ellas. Son muchas las familias cuyos sus ingresos dependen de puestos de trabajo en este sector. Por eso es más importante que nunca volver a la competición con garantías sanitarias y jurídicas y hacerlo lo más pronto posible», advirtió la federación.
Además de esta seguridad sanitaria, la RFEF ve «imprescindible que se garantice la seguridad jurídica de los clubs y de sus responsables frente a todo tipo de reclamaciones». «La RFEF entiende que a día de hoy estas garantías jurídicas de protección de los clubs no encuentran los mecanismos adecuados y hemos de trabajar entre todos para conseguirlo», resaltó.
Respecto al encuentro mantenido este lunes, tanto el ente federativo como las Federaciones Territoriales «han acordado por unanimidad trabajar con el objetivo necesario de que cada una de ellas concrete con las autoridades deportivas y sanitarias de su Comunidad Autónoma los requisitos esenciales y mínimos para poder empezar cuanto antes las competiciones» que les compete organizar y que puedan iniciarse cuando estas autoridades autonómicas lo «autoricen».
La RFEF dejó claro que esta es «exactamente la misma forma» en las que se procederá «en las competiciones de ámbito estatal» que son de su competencia y que «el conjunto de las federaciones deportivas españolas de deportes de equipo» han solicitado una reunión «urgente» con las autoridades «para conocer el marco de garantías sanitarias y jurídicas que deben aplicarse y exigirse» a sus participantes.
«Las competiciones oficiales de todos los deportes deberían iniciarse de manera urgente en las próximas semanas y por ello resulta igual de urgente la existencia del ‘Plan Transversal’ que dé las garantías sanitarias y jurídicas suficientes a los deportistas federados, clubs y a organizadores, y que cuente con la autorización de los poderes públicos competentes en la materia», detalló.
«Así se hizo para terminar la temporada 19/20 y así debe hacerse para dar comienzo a la 20/21, en un trabajo leal y constructivo con las diferentes administraciones», demandó la institución.
Del mismo modo, convoca «a los representantes de los diferentes estamentos participantes en las competiciones profesionalizadas en los órganos federativos creados para estos fines donde están representados los clubes, los futbolistas, los árbitros y los entrenadores para analizar la situación y sacar las conclusiones necesarias a los efectos de adoptar los acuerdos pertinentes, como siempre se ha hecho y como es norma en esta Federación».
LA LEY DEL DEPORTE «DEFINE LOS ORGANISMOS COMPETENTES» PARA ESTOS TEMAS
Sin embargo, el organismo también critica las posiciones de entes que no tienen «ninguna representación» en la Ley del Deporte y las normas del CSD y cuyas reclamaciones tacha de «estériles» y con el objetivo de «crear confusión y responder a intereses completamente ajenos a la salvaguarda de los intereses de clubs y futbolistas.
«La Ley del Deporte define cuales son los órganos competentes para resolver los temas relativos a las competiciones deportivas y entes y asociaciones al margen de la ley del deporte nada pueden ni deben decidir», advierte tras las peticiones de la LNFS o la ACFF.
«En el fútbol español existen casi 1.100.000 deportistas con licencia que necesitan empezar a entrenar y competir de manera urgente, pero esto sólo se puede hacer si existen unas garantías de salud mínimas que deben quedar claramente fijadas y establecidas. Es intención de la Federación comunicar a los clubs el comienzo de la temporada con al menos 30 días de antelación, una vez haya un protocolo nacional aprobado por los poderes públicos competentes», sentenció.