La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido este lunes que la «única vía» para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es la mayoría que permitió la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y la que aprobó la moción de censura contra Mariano Rajoy.
En una entrevista de Catalunya Ràdio, ha asegurado que «la única mayoría que en estos últimos años ha servido para dar estabilidad a España es la mayoría progresista», y que los intentos de pactar con formaciones de derecha no han prosperado.
También ha advertido de que Cs no quiere realmente aprobar los PGE, sino que lo que quiere es «plantear la división del Gobierno» y tratar de reducir la influencia de Unidas Podemos en las decisiones del Ejecutivo.
Preguntada por si se subirán los impuestos en los PGE, ha sostenido que el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos incluye impulsar una fiscalidad más progresiva, y cree que los dos partidos de la coalición van «en la misma dirección» de cara a las cuentas.
DIÁLOGO EN CATALUÑA
La dirigente de Podemos ha afirmado que la mesa de diálogo sobre el conflicto en Cataluña tiene que ponerse en marcha y que, más allá de que haya elecciones catalanas, es importante demostrar «que la mesa de diálogo y este Gobierno son útiles».
Asimismo, ha defendido que en el diálogo se puede hablar de todo y que después hay que ir buscando puntos de encuentro: «En el diálogo cabe todo, después en los acuerdos hay que ir buscando puntos en común».
Al ser preguntada por si Cataluña tiene derecho a decidir, ha contestado que «los catalanes tienen derecho a decidir y los españoles tienen derecho a decidir», y que, a su juicio, ahora lo importante es buscar acuerdos para articular la convivencia.
CAIXABANK Y BANKIA
Montero ha explicado que Unidas Podemos desconocía la fusión entre Caixabank y Bankia, y ha dicho que es una noticia preocupante porque considera que la concentración bancaria no es positiva para la economía y que Bankia debería ser el «embrión de una banca pública» para hacer transformaciones profundas en España.
Además, ha tachado de vergüenza la marcha del Rey emérito Juan Carlos I y ha defendido que «no fue una decisión de Gobierno», y que no tiene constancia de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez facilitara su marcha.
