El portavoz parlamentario de IU y responsable de Interior de Unidas Podemos, Enrique Santiago, defenderá este jueves en la Comisión del ramo del Congreso una iniciativa para mejorar la situación de la sanidad del conjunto de trabajadores que prestan servicio en las cárceles, así como de la población reclusa.
Esta proposición no de ley se suma a otras propuestas registradas en los últimos meses por Unidas Podemos en la Cámara Baja planteando alternativas a problemas detectados en sectores específicos (centros de enseñanza, residencias, centros de salud), muchos de ellos agravados por la crisis sanitaria, económica y social originada por el Covid-19.
MÁS MÉDICOS E IGUALDAD SALARIAL
Entre sus medidas, IU propone que se aumente paulatinamente el personal médico, mediante oferta pública de empleo, para atajar «las deficiencias detectadas» y lograr una atención «continua y de calidad», respetando siempre las condiciones del sistema de salud público.
Esto pasa también, entre otras cuestiones, por que se establezca una igualdad retributiva entre el personal médico penitenciario respecto del personal médico de atención primaria de los servicios públicos de salud.
El texto de la proposición, que recoge Europa Press, reconoce el trabajo realizado por el Gobierno desde el inicio de la pandemia en el ámbito penitenciario, si bien recuerda el retraso de «más de tres lustros» que existe para aplicar la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, de 2003.
La disposición adicional sexta de esa norma, recuerda, establecía ya hace 17 años que «los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud», todo ello siempre «conforme al sistema de traspasos establecidos por los estatutos de autonomía».
Por ello, Unidas Podemos insta al Gobierno en su iniciativa a dar los pasos necesarios para cumplir con lo que marca la ley con el fin de conseguir su «plena integración» en los correspondientes servicios autonómicos de salud.
OTRAS ‘RECETAS’
La proposición aborda también otras cuestiones más específicas a partir de las recomendaciones de diversos informes y trabajos especializados. En concreto, plantea que se garantice la atención psiquiátrica de las personas privadas de libertad «que lo necesiten con mayor frecuencia, incluso si ello implica la visita de psiquiatras externos.
Pero, además, se pide atender «especialmente al favorecimiento de una perspectiva interseccional prestando especial atención a la salud mental de las mujeres en prisión», respondiendo así al empeoramiento en esta materia que se constata en el ‘Informe sobre la situación de las mujeres presas. Tratamiento y derechos de las mujeres privadas de libertad en los centros penitenciarios de España y Andalucía’.
