La llegada en pateras o embarcaciones similares de menores extranjeros no acompañados durante el año 2019 ha descendido «considerablemente» en relación con el año 2018, según se desprende del Informe Anual de la Fiscalía. En concreto, se ha pasado de los 7.026 menores contabilizados en 2018 a los 2.873 del año pasado, es decir, un 59,1% menos.
El Ministerio Fiscal recoge en el informe, hecho público este lunes y recogido por Europa Press, las cifras de estos menores llegados al país en embarcaciones peligrosas. Estas cifras no incluyen, por tanto, a quienes se han introducido en España de manera clandestina a través de Ceuta y Melilla, ocultos en vehículos a motor, desde Francia o por vía aérea con documentación falseada.
Así, el perfil medio del menor que llega solo a España es de sexo masculino (el 93,3%), y procede de Marruecos (60%). Pero también es significativa la representación de niños argelinos (12,2%), guineanos (9,6%), costamarfileños (6,3%) y malienses (5,5%).
Desde la Fiscalía destacan la bajada de llegadas de estos menores no acompañados a las costas del país, que en 2018 habia registrado un ascenso «excepcional». No obstante, ese año se registró una subida de más de un 3.000%, con respecto a 2017.
Según señala el departamento que dirige Dolores Delgado, a fecha de 31 de diciembre de 2019, el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, tenía inscritos un total de 12.417 menores bajo la tutela o acogimiento de los servicios de protección, de los que 11.329 son niños y 1.088 niñas. Esta cifra supone un descenso del 17,8% respecto de los 13.796 inscritos un año antes.
MEJORAR EN LA EFICACIA DEL REGISTRO
Por comunidades, Andalucía es la región que más menores acoge, con 4.617 registrados; seguida de Cataluña, con 1.977; Melilla, con 1.398; País Vasco con 777; la Comunidad Valenciana con 691; Ceuta con 712; la Comunidad de Madrid con 489; la Región de Murcia con 262; y Canarias con 421 Canarias.
Desde la Fiscalía ponen en valor la labor de la Policía Nacional en este ámbito, ya que es la encargada de realizar las pruebas de ADN para determinar el vínculo familiar entre los menores y adultos que manifiestan ser familia sin pruebas fehacientes. En este sentido, señala que se han practicado 650 pruebas en 2019, de las que 574 dieron un resultado positivo, confirmando el vínculo de filiación y 36 están pendientes.
Sobre este tema, el documento reconoce que se han localizado nuevas fórmulas irregulares o ilícitas que están dilatando y distorsionando el sistema, que han dado lugar a la presentación de denuncias penales. Como ejemplo, pone el caso recogido por la Fiscalía de Jaén, en el que algunos extranjeros alegan ser menores para ir a un centro y solicitar allí el asilo, desvelando después que son mayores de edad, una vez que ya se les ha otorgado. «Lo hacen así porque en los centros de menores les consiguen el pasaporte y otra documentación con mayor agilidad, al contar con asesoramiento», apunta la Fiscalía.
Más graves, apunta, fueron los casos denunciado por la Fiscalía de Las Palmas, tras observar que personas mayores de edad, que incluso estuvieron condenadas a penas privadas de libertad en España y cuya pena fue sustituida por expulsión, regresaban a España en patera y manifestaban ser menores de edad. En estos casos, la reseña no se hace de manera inmediata, puesto que no hay personal suficiente para cotejar las huellas.
Con este documento, la Fiscalía quiere mostrar la importancia del registro de estos menores no acompañados, como «un instrumento fundamental en la protección, identificación y documentación de los menores». Sin embargo, reconoce que, «para que logre su plena eficacia» es necesario que «quienes deben alimentarlo transmitan con la celeridad adecuada los hechos o actos inscribibles».
«Así se hace, normalmente, cuando el dato relevante depende de los miembros del Ministerio Fiscal», se defiende el organismo, que denuncia, sin embargo, que en ocasiones «se producen déficits» de información cuando este procedimiento se asume por parte de «otras instituciones«, como entes autonómicos, que «no comunican con el rigor preciso y sin retrasos» los datos obtenidos del menor, «a pesar de que son trascendentes», explica la Fiscalía, para «ubicarlo».
FALTA DE COOPERACIÓN CON ONG
Saber dónde y en qué situación se encuentra el menor no solo es una condición necesaria para el debido funcionamiento registral, sino también es un presupuesto indispensable para su protección efectiva y para evitar situaciones de peligro«, apunta el Ministerio Fiscal, que señala como uno de sus objetivos para 2020 el establecimiento de mecanismos de supervisión transversal que mejoren la comunicación entre administraciones y organismos implicados.
En este sentido, también se refiere a «la negativa a facilitar la debida información a la Policía Nacional por parte de ONG dedicadas a gestionar centros de acogida de madres extranjeras con sus hijos», que alegan que debe existir un mandato judicial o requerimiento expreso del fiscal individual y específico para hacerlo.
Desde la Fiscalía recuerdan que «el interés de la Policía en conocer el paradero de las madres y los menores deriva, no sólo en la necesidad de actualizar el Registro de Menores, sino también para evitar que puedan ser convertidos en víctimas de redes de trata».
