La Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones (UCER) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha asegurado que un total de 6.473 extranjeros ingresaron efectivamente en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) durante el año 2019, una cifra que supone un «importante» descenso, del 26%, con respecto a 2018, en el que se ingresaron 8.814 personas.
Los mismos datos indican que los extranjeros ingresados fueron mayoritariamente marroquíes (2.645), seguidos de inmigrantes argelinos (1.922), albaneses (232) y senegaleses (218).
Así se recoge en la Memoria de la Fiscalía, que se ha publicado este lunes, y que indica que, durante el año pasado, el Ministerio Fiscal ha emitido un total de 7.677 informes sobre internamiento cautelar de extranjeros en estos centros. De ello, más de 6.500 han sido favorables, mientras que 861 han sido desfavorables a la adopción de la medida cautelar.
En este sentido, señalan que se sigue constatando «una importante diferencia» entre el número de personas ingresadas (6.473) y las efectivamente expulsadas (3.871), una diferencia que, según la Fiscalía, ha disminuido respecto a años anteriores. Así, recoge la Memoria, en 2018, un 34,5 % de las personas internadas fueron repatriadas a sus países, mientras que un año más tarde el porcentaje ascendió al 59,8%.
Por otra parte, la Fiscalía señala que la aplicación de la Ley de Extranjería en este aspecto «no ha suscitado graves problemas interpretativos». Según ha explicado, el informe sobre internamiento en CIE se realiza en el servicio de guardia, tras una comparecencia ante el juez de instrucción del lugar de detención del extranjero y con asistencia presencial del fiscal, salvo supuestos excepcionales.
DEFICIENCIAS EN ALGUNOS CIE
Entre las incidencias detectadas durante 2019, destacan alegaciones sorpresivas de minoría de edad una vez decretado el ingreso por el juzgado de instrucción; un anuncio o la efectiva solicitud de asilo o protección internacional, que si bien, constituye un derecho básico e irrenunciable en materia de extranjería, su ascenso generalizado apunta a la posible utilización de estas alegaciones como forma de obstaculizar la repatriación; el internamiento decretado por el juzgado a pesar de no concurrir los requisitos de la Ley por considerar que constituye un lugar de albergue en ausencia de recursos sociales suficientes para ellos; la ausencia de traducción; o la falta de competencia del juez de instrucción para acordar la medida, entre otras.
Del mismo modo, la Fiscalía denuncia algunas deficiencias halladas en la mayoría de los CIE que existen en el país en las diferentes visitas que ha realizado el organismo a los mismos.
Del centro de Madrid destaca que han disminuido las quejas relativas al incumplimiento del deber de notificar al interno la ejecución de la expulsión con al menos 12 horas de antelación, o las relativas a no atender a su petición cuando manifiestan que quieren solicitar por escrito protección internacional, pero sí se han registrado quejas referidas al servicio médico o, en «varias ocasiones», al maltrato por parte de algún funcionario.
En Barcelona, se han detectado posibles víctimas de trata, así como un total de 66 alegaciones de minoría de edad por parte de internos resultando, tras las pruebas de determinación de la edad, que 12 de ellos eran menores. Además, el número de incidentes y conflictos generados por internos, entre internos o de internos con funcionarios «se constata a diario».
El CIE de Las Palmas de Gran Canaria, estuvo cerrado gran parte del año por obras y en su apertura se observaron «deficiencias como la falta de mobiliario, defectos en la previsión de las funciones que han de desempeñarse en elCIE y su adecuación a la arquitectura del edificio, mientras que en Tenerife se registraron incidentes de seguridad con agresiones violentas entre internos. La Fiscalía informa que se han abierto los correspondientes expedientes de control para solventar las deficiencias de seguridad, en esta materia. Del mismo modo, en el CIE de Algeciras existen deficiencias de mantenimiento que pueden ser paliadas, explica el informe, con inversiones.
En Murcia, por su parte, se llama a mejorar las prestaciones y servicios del centro y se han apreciado, con respecto al año anterior algunas disfunciones sobre todo en orden a la intendencia, con quejas de los internos sobre la escasez de la comida que se les prepara y que ha sido revisada por la dirección del centro. También hay algunas quejas en el orden sanitario producidas fundamentalmente por el ingreso de internos en un mal estado de salud para los que el centro no puede arbitrar una correcta solución.
