La Audiencia de Málaga ha confirmado la imposición de una fianza de 5,4 millones de euros al propietario del Málaga CF, Sheik Abdullah Al-Thani, y sus tres hijos como medida cautelar para hacer frente a posibles responsabilidades derivadas de la causa judicial, en la que se les investiga por supuestas irregularidades en la gestión del club.
La magistrada de Instrucción número 14 de Málaga acordó designar un administrador judicial que asumió la gestión mercantil tanto de la Sociedad Anónima Deportiva Málaga CF como de Nas Football SLU y también decidió que la familia Al-Thani pagara una fianza civil para asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de este procedimiento.
La designación del administrador ya fue confirmada por la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga, que ahora también ratifica la decisión de la jueza de imponer dicha fianza, al rechazar el recurso presentado por Al-Thani y sus hijos, en el que alegaba distintos motivos como falta de información y de requisitos para imponer dicha medida cautelar.
La Sala de apelación señala que en esta fase inicial del caso, «la simple aparición de indicios permite al instructor y, al mismo tiempo, le obliga, a adoptar la prevención»: «No se exige que haya una verdadera prueba, han de constar en las actuaciones algunas diligencias a partir de las que puede decirse que hay probabilidad de delito y de que una determinada persona es responsable del mismo».
Rechaza el argumento de la defensa de Al-Thani de un cambio de opinión sin motivo por parte de la Fiscalía y del juzgado para adoptar esa medida y no comparte el argumento de que la instructora actuara de forma arbitraria contraviniendo sus propios actos, pues, señala, la decisión «se funda en circunstancias desconocidas al inicio del procedimiento».
Asimismo, recuerda que la causa parte de una querella sobre la concesión con cargo a fondos de la entidad Málaga CF de préstamos y líneas de créditos a favor de distintos miembros de la familia Al-Thani, así como la fijación de una retribución por su condición de miembros del consejo de administración, «en claro perjuicio de la entidad y los socios minoritarios», según dicha denuncia.
En esta causa se investigan delitos de administración desleal, delito societario y de blanqueo de capitales «presuntamente cometidos por los querellados como miembros del consejo de administración de Málaga Club de Fútbol», apuntando el Tribunal de apelación que hasta el momento, tras las diligencias practicadas y los informes de los investigadores, existen requisitos para fijar dicha medida.
En este sentido, se indica que de dichas investigaciones «resultan indicios de que los querellados han dispuesto de los bienes del Málaga CF para fines particulares y adoptado acuerdos en el seno de consejo de administración que sólo a ellos les beneficia en perjuicio de la economía del club, lo cual ha sido posible dada su posición claramente dominante frente a los socios minoritario querellantes».
Asimismo, se precisa que, según la instrucción hasta la fecha, «resulta obvia la procedencia de la determinación de cuantía establecida por no poder tacharse de arbitraria, excesiva o desproporcionada, sino escasa», aunque recuerda que es el juicio cuando se puede practicar «la prueba sobre el daño concreto sufrido por la parte perjudicada».
Por otro lado, la instructora del caso ha autorizado la venta de varios vehículos, tal y como lo pidió la administración judicial, a la vista de la argumentación dada de la «innecesariedad de la tenencia de los mismos» y «la necesidad de ahorro de costes».
Además, también ha acordado la rescisión de los contratos de arrendamientos de vivienda y local de negocio, promovida igualmente por el administrador, instando a que se haga «en las condiciones mas favorables para el club y en aras a mejorar su situación económica mediante la reducción de los gastos que dichos alquileres están generando».
