La Fiscalía ha alertado de que «las incertidumbres reinantes y la inseguridad» ante el contagio pueden conducir a la potenciación del uso de los automóviles en detrimento del transporte colectivo, «con el riesgo de volver a los niveles de contaminación, ahora drásticamente reducidos como consecuencia del confinamiento».
Así lo indica el órgano en su Memoria Anual, correspondiente a 2019, donde insiste en la aplicación de la normativa europea sobre emisiones contaminantes y apoya un «imprescindible» transporte colectivo destinado a las personas vulnerables por razones económicas, de salud, de discapacidad y de edad.
En este sentido, considera «necesaria» la anunciada Ley Estatal de Movilidad, que aborde las cuestiones básicas de la gestión de la circulación en las ciudades y complemente el Proyecto de cambio climático.
En el documento, hecho público este lunes y recogido por Europa Press, se señala que la Unidad de Seguridad Vial valora la necesidad de una reestructuración futura, pasando a constituir la Especialidad de ‘Seguridad en los Transportes y la Movilidad’, sobre lo que se formula propuesta de reforma legal.
Respecto a la movilidad desde la perspectiva de género, la Fiscalía constata que hay señales de tráfico que representan a un hombre como peatón o como conductor, y en otras la mujer aparece en una situación de dependencia y subordinación; por ejemplo, una «mujer que sigue a un hombre senderista o, incluso, en caso de niños, niño que lleva de la mano a la niña, que va detrás del niño, ambos al colegio».
Asimismo, el órgano detalla que en las señales relativas al cuidado de personas o al ámbito doméstico es una mujer la representada. «Aun cuando se han hecho progresos, todavía perviven las señalizaciones contrarias a los principios de igualdad», ha avisado.
En relación con la estadística, en el año 2019 se han formulado 86.958 escritos de acusación del Ministerio Fiscal por los delitos contra la seguridad vial, que representan algo más del 31% del total de las 277.014 acusaciones presentadas por la Fiscalía en todo tipo de procesos por cualesquiera delitos.
Al mismo tiempo se han dictado 80.480 condenas en el mismo ámbito delincuencial, que suponen prácticamente el 31% del total de las 260.430 recaídas por toda clase de delitos.
«Ambos porcentajes, si bien ligeramente inferiores, son similares a los de años precedentes, por lo que se insiste en la importancia de la actividad judicial y del Ministerio Público en el ámbito de la delincuencia vial, hasta el punto de que, al igual que en años anteriores, se puede seguir afirmando que prácticamente un tercio de las acusaciones y condenas en España lo son por delitos viales de peligro», explica.
En este contexto, la Fiscalía señala que «un muy importante» porcentaje de esa actividad judicial se produce en el ámbito de los llamados juicios rápidos y es que más del 83% de las acusaciones del Ministerio Fiscal se han formulado por este trámite de diligencias urgentes.
RESPUESTA PENAL «RÁPIDA» Y «EFICAZ»
A su juicio, «la delincuencia de tráfico tiene en España una respuesta penal especialmente rápida y, por tanto, muy eficaz a los efectos de prevención especial del penado, pero también de prevención general para la sociedad».
A este respecto, ha añadido que «en los breves plazos» de las diligencias urgentes de la guardia se formula acusación que, en un porcentaje estimado cercano al 90%, acaba en sentencia condenatoria de conformidad, lo que permite la ejecución «prácticamente instantánea» de las 52.028 penas de privación del derecho a conducir y 1.922 pérdidas de vigencia del permiso impuestas este año, y la pronta ejecución de aproximadamente 55.000 penas estimadas de multa y 24.001 penas de trabajos en beneficio de la comunidad.
En relación con los procedimientos incoados, desgrana que se mantiene la tendencia al incremento iniciada en 2018. Así, en 2019 vuelve a ampliarse, aunque de forma más moderada, el volumen de los incoados en alrededor de 4.000 respecto del año precedente, lo que supone un 3% de aumento.
La Fiscalía matiza que el incremento se aprecia en todas las tipologías delictivas, salvo en el delito de conducción bajo la influencia del alcohol o drogas.
Así, a pesar del incremento de los controles de alcoholemia en más de un millón respecto de 2018 en el ámbito de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, con una cifra global de 6.598.675 –la más alta desde 2014–, experimenta un descenso de aproximadamente mil procedimientos, «absorbido por la notable subida en el número de procesos por los tres tipos de conducción sin permiso, donde se produce un aumento de más de 4.000 procedimientos, el mayor en valores absolutos».
En 2019 las cifras de escritos de acusación formulados se mantienen muy similares, aunque con un ligero aumento, a las de 2018, después del notable incremento experimentado el año pasado. En 2019 se han presentado alrededor de 500 acusaciones más que en 2018 (+0,5%), hasta las 86.958.
Por el contrario, en cuanto a las sentencias de condena, en 2019 se ha producido el fenómeno inverso al del año anterior, ya que se han reducido en más de 8.000 las sentencias condenatorias dictadas en relación con las de 2018 hasta las 80.480(casi un 10% menos), volviendo aproximadamente a los niveles de 2017.
Ahora bien, aclara que este fenómeno se limita sólo a Cataluña, que absorbe en su totalidad la disminución en el volumen de sentencias condenatorias, mientras que en el resto de territorios se producen incrementos o las cifras permanecen más o menos estables.
