El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha avanzado este viernes que confía en que antes del próximo verano pueda estar en vigor la modificación legislativa que ha anunciado su departamento para prohibir en los servicios de atención al cliente el uso de cualquier número de tarificación adicional, entre los que se incluyen los que usan el prefijo 902.
En una entrevista en Canal Sur Radio, Garzón ha explicado que fecharlo en el próximo verano es «una estimación conservadora» dado que ahora se inicia un proceso de consulta pública a la ciudadanía para su mejora y después empezará a tramitarse en el Congreso, donde espera que tenga «un apoyo absoluto». «Ningún partido puede estar en contra, debe ser muy rápido», ha vaticinado.
Según ha explicado, los 902 en la atención al cliente encarecen la factura de las familias trabajadoras cuando ejercen su derecho a reclamar ya que no están incluidos en la tarifa plana «y elevan considerablemente la factura».
A juicio de Garzón, «eso es un abuso» y su aplicación «desincentiva que la gente quiera ejercer su derecho a reclamar» por el coste que le va a suponer ya que «la factura se puede disparar si llamas a una empresa y te ocupa mucho rato para solventar un problema».
Con esta medida, el Gobierno busca que los consumidores dispongan siempre de un número geográfico de tarifa básica para sus relaciones con las empresas y acabar así con «abusos y sobrecostes en las facturas mensuales» beneficiando a toda la población, especialmente a aquella con menos recursos.
Con este objetivo, el Gobierno modificará el artículo 21.2 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) para precisar este punto, de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
De esta manera, se evitará que las compañías puedan aplicar a las llamadas a sus servicios de atención al cliente precios que excedan el precio de llamada a una línea telefónica geográfica.
